Estamos en la mitad de las negociaciones climáticas más importantes de la historia. Aun tenemos mucho trabajo pendiente para evaluar las necesidades nacionales y cambiar el modelo de desarrollo a uno más resiliente y amigable con el clima.

El día de hoy (4 de noviembre) en la COP-21 se desarrolló el side event “Diálogos entre sociedad civil y gobiernos para establecer agendas climáticas nacionales en América Latina y el Caribe”. El objetivo del evento fue dar a conocer los avances del proyecto desarrollado a lo largo del 2015 en varios países de la región. Los puntos focales para esta iniciativa fueron organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de cinco naciones latinoamericanas (Brasil, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Bolivia), quienes trabajaron con pares y aliados nacionales y locales para lograr una mayor equidad e inclusión de la gobernanza del cambio climático.

A continuación les presentaré los casos de estudio compartidos en el evento y al finalizar un análisis de la vinculación entre sociedad civil y gobiernos en América Latina, así como también de la retórica y de la acción:

Brasil:

Fernanda Bortoloto, de IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) explicó con detalle que debido a la preocupación nacional proveniente de la sociedad civil por el vacío que existe para la implementación de acciones climáticas, decidieron aliarse con la organización juvenil Engajamundo para realizar capacitaciones a estudiantes, apoyar a la lucha de la sociedad civil en la inclusión de una agenda climática inclusiva por medio del fomento y ampliación del dialogo de la sociedad civil y por último, fomentar las políticas públicas en cambio climático.

De igual manera, Fernanda hizo mucho énfasis en que Brasil se refleja como un punto vital en las negociaciones internacionales del clima pero que, sin embargo a nivel nacional y local, las acciones van contrapuestas a esta posición global.

Por medio de los pares y aliados establecidos en Brasil, hicieron un establecimiento directo con el gobierno para apoyar el proceso de construcción de contribuciones solicitadas para la COP21 (INDC), sin embargo y a pesar de tener un plan de acción estructurado, no les fue posible aportar de manera efectiva hacia la contribución y los resultados  de la propuesta, no les parece ambiciosa puesto que va en oposición con la construcción de hidroeléctricas en la Amazonia, lo cual conllevaría una mayor tasa de deforestación y por consiguiente no se cumpliría con la meta de mitigación.

La incidencia de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas sobre cambio climático debe ser aún mayor.

Uruguay:

Laura Marrero, representante de CEUTA (Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas) enfatizó la importancia de integrar a la sociedad civil en la gestión nacional del cambio climático y crear espacios de oportunidad y vinculación entre diversos actores.

Manifestó que tras la elección de un nuevo gobierno nacional, las puertas se abrieron para tener una mayor y mejor integración del cambio climático en los diferentes sectores del país, así como también en el plan de desarrollo, pues el eje central de gobierno del nuevo presidente es el cambio climático y como éste influye en todos los aspectos nacionales.

De igual forma, expresó que en actualmente existe un proceso abierto de consulta y elaboración de la Política Nacional de Cambio Climático, la cual busca ser de largo plazo (de aquí al 2030), siguiendo los pasos de la Política Energética 2005-2030, que según Marrero ya habría traído cambios positivos y oportunidades a los diferentes sectores.

Marrero enfatizó que el dialogo entre sociedad civil y gobierno debe darse a través de diferentes plataformas que integren de forma multisectorial temas de interés nacional, tal y como lo es el cambio climático. En Uruguay, los temas asociados al desafío climático han estado relacionados a la movilidad urbana, ruralidad, empoderamiento de comunidades y género).

En cuanto al INDC uruguayo, comentó que fue un espacio de participación apoyo y fortalecimiento entre la sociedad civil y el gobierno, lo cual representa el primer punto de partida a una necesidad de vinculación aún mayor. Para finalizar, resaltó que debe incentivarse la transformación de la institucionalidad, más que contar con una voluntad política, que a veces es escasa, ineficiente o nula.

El mayor desafío que tiene no solo Uruguay, sino toda América Latina es transformar la cultura del diálogo por una cultura de incidencia.

Paraguay:

Jorge Martínez, de la Fundación Moisés Bertoni fue uno de los puntos focales para apoyar directamente el proyecto entre sociedad civil y gobierno, junto a FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) de Argentina.

Martínez hizo énfasis en que el país ha dado avances importantes en la construcción de iniciativas para hacer frente al cambio climático, tales como la Estrategia Nacional de Adaptación, la Estrategia Nacional de Mitigación, la Política Ambiental Nacional y la misma INDC, la cual tiene una meta ambiciosa de reducción de emisiones.

De igual forma, comentó que el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay tiene como eje estratégico al cambio climático, integrando temas sectoriales económicos, sociales y ambientales para incorporar procesos de adaptación y mitigación en un modelo de desarrollo resiliente y bajo en carbono.

La vinculación de la sociedad civil y los gobiernos representa una gran oportunidad para conformar una agenda nacional de acompañamiento y participación, orientada a la gestión integral del cambio climático en los diferentes aspectos de la sociedad paraguaya.

Integrar el desarrollo resiliente con estrategias de adaptación y mitigación en los diferentes sectores del país, ha sido uno de los puntos de partida para la vinculación de la sociedad civil y el gobierno.

Costa Rica:

Manfled de AED (Asociacion Empresarial para el Desarrollo), explicó la importancia que tiene este proyecto para incentivar los diálogos entre el sector público y privado y así, poder establecer una participación activa en las contribuciones, buscando también, el fortalecimiento de las capacidades del sector privado para una mejor comprensión de como poder aportar de una forma más eficiente a las contribuciones nacionales.

Para ello, Manfled hizo referencia a la creación de un comité para vincular el apoyo del sector público y privado, el cual surgió desde el mismo gobierno para apoyar a las empresas que estuvieran interesadas no solo en establecer planes de mitigación y reducción de emisiones, sino también vincularse con otros temas -indirectos- al cambio climático.

Resaltó que el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cambio Climático han buscado promover un modelo de desarrollo limpio y bajo en carbono, demostrado a nivel mundial, con la propuesta de Costa Rica de llegar a ser el primer país del mundo 100% renovable en 2015. Esta iniciativa ha sido soportada por un programa nacional llamado “Bandera Azul Ecológica”, por medio del cual, el sector empresarial busca reducir voluntariamente las emisiones para el fortalecimiento de la economía y de su misma productividad.

Buscamos culpables pero no nos concentramos en buscar soluciones.

Bolivia:

Maria Teresa, quien habló en nombre de la sociedad civil, resaltó el proyecto que con CDKN pudo promover en Bolivia para integrar el tema del cambio climático entre el gobierno y la sociedad civil. Resaltó en primer lugar, que para el gobierno actual, la sociedad civil se veía representada solamente por comunidades indígenas y que el resto de la sociedad no era tomada en cuenta.

De igual forma resalto que existe una total desconexión entre la postura internacional y la nacional, haciendo que la agenda de acción en cambio climático se viera envuelta en retórica. Maria Teresa hizo referencia a que el objetivo del proyecto, permitió incrementar el conocimiento de los jóvenes sobre cambio climático por medio de la movilización y creación de capacidades.

De igual forma, y como resultado preliminar de la iniciativa, se reconoció que existen muchos grupos pequeños haciendo grandes transformaciones a nivel local, pero que sin embargo, no existe articulación alguna entre las iniciativas, ocasionando una “desconexión” entre gobiernos y ciudadanos.

¿Cómo estamos transformando el mundo de las comunidades rurales? El país no es solo una parte de la sociedad civil.

En el marco de lo anterior, tuve la oportunidad de conversar con Guy Edwards, asociado a Nivela, quien comentó que el nuevo acuerdo debe dar más espacio a la sociedad civil para participar más activamente en los procesos de construcción de políticas domésticas de los países.

Manifestó que el nivel de preocupación de los latinoamericanos en relación al cambio climático, es uno de los más altos de acuerdo con encuestas globales, donde ponen a América Latina con un 74% de preocupación regional debido a los graves efectos que el cambio climático tiene sobre la región.

La sociedad civil es vulnerable al cambio climático, ya ha sido confirmado en numerosos informes y estudios. Nadie es inmune a los efectos del cambio climático y por lo tanto, el valor agregado a que los gobiernos de América Latina se comprometan a desarrollar agendas nacionales y locales de planificación y gestión de un desarrollo resiliente, es la primera base para iniciar a construir espacios de dialogo que sean eficientes y permitan una gobernanza climática.

Lo que pase en Paris será decisivo para el rumbo que deberán tomar los países en relación al cambio climático, sin embargo, no será la última palabra, pues la agenda y la lucha seguirán siendo los principales puntos de decisión en una agenda nacional cada vez influenciada por los efectos del cambio climático.