Título completo:  Contradicciones, retórica e inviabilidad de las  contribuciones  venezolanas para el cambio climático (INDC): el Ecosocialismo frente a la COP 21 y el Acuerdo de París

María Pilar García-Guadilla [1](*)

En la reunión de la CMNUCC (Bonn, Alemania: 1/06/2015), Venezuela junto con los otros países del ALBA exportadores de hidrocarburos, señalaron que debían “ser contempladas medidas alternativas y de respuesta al cambio climático para los países cuyas economías dependen de la mono-exportación de hidrocarburos” añadiendo que tales medidas no podían “comprometer el derecho al bienestar de sus poblaciones y su desarrollo”. Ello implica que si bien la preocupación de la comunidad internacional son las emisiones de gases del efecto invernadero (GEI), para estos países el problema ambiental fundamental, es la pobreza.  Sin embargo el énfasis en “la resolución de la pobreza” o más bien, el señalamiento que la pobreza es el principal “problema ambiental” hecho por los “Socialismos extractivistas latinoamericanos” a lo largo de las discusiones de la COP, introduce una aparente contradicción entre “reducción de pobreza-reducción de GEI”, difícil de resolver dentro de la lógica del Socialismo del Siglo XX.

De manera semejante a Ecuador y Bolivia, en Venezuela, lo “ambiental” juega un rol secundario y subordinado en las políticas del gobierno a pesar que la Constitución Bolivariana de 1999 e incluso los  planes de desarrollo que fundamentan el Socialismo del Siglo XXI, contienen enunciados en materia ambiental  que se consideran entre los más avanzados del mundo. La Ministra de Relaciones Exteriores venezolana propuso en las reuniones preliminares de la COP 21 “la necesidad de un nuevo Modelo Ecosocialista para salvar a la Humanidad”  el cual debería desplazar al modelo capitalista al que se culpa de todos los males ambientales. Sin embargo, los tres planes de desarrollo   económico y social de la Nación que se han elaborado desde la llegada de Hugo Chávez al poder y que cubren el periodo 2001-2019 así como la estrategia propuesta para lograr “la soberanía e integración energética latinoamericana”, refuerzan un modelo “desarrollista y extractivista” basado en la importancia “revolucionaria” que se le asigna a los hidrocarburos y, en especial, al “petróleo rojo”. Este modelo contradice la posición, discursivamente crítica del gobierno contra el neoliberalismo, el capitalismo y la globalización expresados en las diferentes cumbres ambientales, económicas y sociales.

Dada la alta dependencia que tiene el país de los hidrocarburos, estos planes de desarrollo que están insertos en la lógica del capitalismo global, propugnan “aumentar” en vez de reducir, la producción de hidrocarburos de modo de generar los recursos económicos que financien los programas sociales y “Misiones” para enfrentar la pobreza en una clara demostración de “que el fin justifica los medios”. Por esta razón, las propuestas de contribución (INDC) hechas por Venezuela a última hora en la reunión de París para reducir las emisiones GEI, no fueron dirigidas a modificar el modelo de desarrollo o reducir la explotación petrolera, carbonífera o minera a pesar que ello tendría un efecto inmediato y significativo, no solo sobre las emisiones sino también en la reducción de los altos costos sociales y ambientales que tales actividades vienen generando. De hecho, los impactos negativos del extractivismo son la razón principal por la cual el modelo ha sido rechazado desde sus inicios por los movimientos sociales ambientalista, indígena y de derechos humanos. Frente a ello, la reacción del gobierno ha sido “dividir, cooptar y excluir” a los movimiento sociales y en la medida que no ha tenido suficiente éxito con tales estrategias, ha intentado “substituirlos” por los “para-movimientos oficialistas seudo-ambientalistas” quienes defienden la voz desarrollista del gobierno en las cumbres sociales y ambientales, en instituciones como UNASUR y ALBA y en los organismos regionales e internacionales. Más aun, dentro del contexto altamente polarizado que existe en Venezuela,  el gobierno no solo ha dejado fuera de las delegaciones internacionales  en materia ambiental a los movimiento sociales que se han resistido a la cooptación sino también a las universidades más destacadas y a sus científicos más prominentes,  a las organizaciones no gubernamentales y a las fundaciones científicas que históricamente han venido trabajando en pro del ambiente.  

Dado que hasta  el momento no existen medidas significativas por parte de Venezuela que viabilicen el Acuerdo de París sobre cambio climático y dado que la posibilidad de validar políticas públicas de recorte de las emisiones bajo la orientación del plan de desarrollo económico y social vigente (Plan de la Patria 2013-2019) son muy escasas, pudiera concluirse que los compromisos adquiridos son simplemente “retóricos” o la expresión de “buenas intenciones de  última hora” en sintonía con la comunidad internacional. De hecho, las contribuciones (INDC) se focalizaron en medidas “puntuales” que  tienen muy poca posibilidad de reducir los GEI tales como la instalación de bombillos incandescentes, el estímulo a la Mesas Técnicas del Agua y la siembra de árboles, programas intrascendentes en nuestra opinión que desde hace unos años se vienen proponiendo como “la  praxis del Ecosocialismo”.

Si se toma en cuenta que la grave crisis económica, consecuencia en parte de la fuerte caída de los precios del petróleo que existe en la actualidad, incidirá en la escasez de financiamiento para “comprar, adaptar o adecuar” nuevas tecnologías y si a ello se suma la negativa de los países ricos a considerar las propuestas vinculadas con “la deuda ecológica” que Venezuela junto con otros países de la Región  propusieron reactivar, las perspectivas de reducir  la explotación de hidrocarburos y hacer realidad los compromisos de Paris, resultan inviables al menos en el corto y mediano plazo.

Finalmente, antes de su ratificación por parte del Presidente o Ejecutivo, el Acuerdo de París requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional Legislativa dada la importancia de los compromisos y obligaciones que reviste para el país. Desde enero de 2016, la oposición política cuenta con la mayoría calificada en la Asamblea Nacional; en el pasado,  los partidos que componen esta oposición política y que forman parte de la Mesa de la Unidad democrática (MUD han mantenido una posición semejante, aunque por razones distintas a la del gobierno, en lo que respecta a la necesidad de “aumentar la producción petrolera” de modo de generar mayores ingresos. Los planes y programas electorales y las posiciones de sus líderes con motivo de las cumbres ambientales indican que el tema ambiental no es prioritario debido a que “no genera votos”; más bien, representa un tema “molesto” sobre el que es mejor no pronunciarse a riesgo de ser tildado de “antipatriota” sobre todo si se propone la reducción de la renta petrolera profundamente enraizada en el imaginario venezolano.