Se describen los avances y retrocesos en el logro de la satisfacción de los derechos humanos ambientales en Venezuela, en particular en relación con la actividad minera luego de su incorporación a la Constitución en 1999. Este análisis nos lleva a preguntarnos sí la incorporación de derechos ambientales en las constituciones es una condición suficiente para tener una mejor gestión ambiental y avanzar en la realización plena de los derechos humanos ambientales. En tal sentido se describe el gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013) período durante el cual se realizó una política ambiental que, a pesar de algunos avances, fue principalmente de grandes gestos más que resultados y que entraron en contradicción con las políticas económicas extractivistas promovidas por el gobierno. Posterior a la muerte de Chávez, la presidencia de Nicolás Maduro derivó hacia la promoción de proyectos mineros que llevaron en la práctica a la devastación ambiental y como consecuencia de ello a la violación masiva de derechos humanos. En conclusión, no es suficiente con la incorporación de derechos ambientales en las constituciones sino se cuentan con políticas públicas ambientales inteligentes
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