La COP-21 generó un ambiente de expectativa mundial, no solo durante el proceso de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), sino posterior a los resultados de la misma: la adopción de un acuerdo climático vinculante e integral que definirá la ruta internacional con énfasis nacional y local de acción en adaptación, mitigación y medios de implementación para hacer frente al cambio climático.
Los países de la región latinoamericana jugaron un rol importante en las negociaciones, no solo porque el gobierno Perú entregaba la presidencia de la COP al gobierno francés, sino por la altísima vulnerabilidad que América Latina tiene ante los efectos del fenómeno. A pesar de lo anterior, las diferentes posturas geopolíticas de los países latinoamericanos sumaron excusas en algunos casos para retroceder o frenar el proceso de la discusión internacional.
Venezuela, uno de los países más fósil-dependientes de la región, aseveró en varias entrevistas y ruedas de prensas que el gobierno no estaba bloqueando las negociaciones, sino que por el contrario, luchaban por un acuerdo equilibrado, con inclusión de derechos humanos en el acuerdo y no solo en el preámbulo (motivo por el cual se llevó aplausos de numerosas organizaciones), así como también la visibilidad en el acuerdo de la responsabilidad que tienen las naciones desarrolladas para mitigar el cambio climático.
A pesar de lo anterior y aunque resulte contradictorio, la posición venezolana internacional desvaría de la posición nacional y local, pues las acciones en materia frente al cambio climático son escasas y hasta nulas, tomando como principal consideración que el desarrollo económico del país es netamente fósil-dependiente, evidenciándose ante la inminente y crítica situación socio-económica actual ante la caída del precio del petróleo.
Por otro lado, los graves efectos directos e indirectos que han traído consigo la deforestación insostenible y degradación de tierras han permitido que los niveles de emisiones aumenten a niveles históricos (de acuerdo a los últimos balances del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales). Adicional a esto, los niveles de contaminación industrial son elevados debido a una inadecuada gestión ambiental integral de mando nacional que permita delimitar y mitigar efectos adversos al entorno.
En cuanto a creación de capacidades y promoción de gobernanza, el país aún tiene muchas deudas. De acuerdo a mandatos de la CMNUCC, cada país debe presentar a nivel nacional, comunicaciones periódicas sobre avances, retrocesos y riesgos del cambio climático, identificando posibles soluciones y oportunidades de inversión, investigación y cooperación. En este orden de ideas, Venezuela presentó en el 2005 su Primera Comunicación Nacional con análisis de escenarios optimistas y pesimistas, así como también propuestas para accionar en los años venideros.
Once años después de la presentación de esa primera comunicación, el Gobierno Nacional no ha socializado ninguna otra propuesta de comunicación ni mucho menos planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático, o políticas nacionales. A este nivel, es importante recordar como otros países de la región (incluso del mismo bloque de negociación ALBA al cual pertenece Venezuela), llevan muchos más adelantos en cuanto a metodologías, planes de acción y documentos jurídicamente vinculantes.
Derivado de esta primera comunicación y de documentos académicos de investigación nacional en materia de cambio climático, se ha logrado identificar una alta vulnerabilidad nacional ante los efectos del fenómeno, aunado también a efectos de otros fenómenos relacionados a la variabilidad climática como El Niño o La Niña, incrementando el riesgo climático de una forma exponencial. A pesar de lo anterior, el país no cuenta con una adecuada gestión de riesgos que permita hacer frente a las diversas crisis (sociales, ambientales, económicas y políticas) que traería consigo un fenómeno de esta magnitud.
Como ciudadana venezolana, espero presenciar una razonable actitud por parte del gobierno actual y una postura equilibrada, institucional y eficiente para el abordaje del cambio climático en el territorio nacional Para ello, es imperante que la sociedad civil sea veedor de los medios y acciones que desde lo local se pueden desarrollar para promover una alfabetización climática a nivel gubernamental. El cambio climático no da espera y si no actuamos con la velocidad que este fenómeno requiere, perderemos mucho más de lo que ya hemos perdido durante estos años de incapacidad para establecer una adecuada y eficiente gestión ambiental nacional.
Maria Eugenia Rinaudo Mannucci
@rinaudomariae