El 22 de marzo de 2017 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del Parque Nacional Caura en la cuenca del río que lleva el mismo nombre, con el fin de proteger el potencial hidroeléctrico, la biodiversidad de la zona e impulsar acciones de saneamiento ambiental por los efectos negativos causados por la minería ilegal, según se precisa en el decreto que fue publicado un día antes.
La decisión responde a una exigencia de más de dos décadas de activistas ambientales comunitarios de larga data, que ya habían logrado que el Tribunal Supremo de Justicia en 2008 detuviera las concesiones forestales en el área y luego en el 2014 que ordenara al gobierno central a cambiar la figura de Reserva Forestal por una más restrictiva, para impedir posibles concesiones mineras y detener las de madera.
Sin embargo, a pesar que existía una demanda por conservar esta zona biodiversa, la creación del parque nacional no ha sido bien recibida. La nueva área protegida ha sido creada sobre el mismo territorio de la Zona 2 del Arco Minero y una poligonal de 4 millones de hectáreas que desde hace 15 años reclaman los pueblos indígenas Sanemá y Yekwuana como territorio ancestral, gracias a los derechos adquiridos con la nueva Constitución de 1999 que luego se amplió con la Ley de Pueblos Indígenas de 2005. Antes de esto, los reclamos no tenían un soporte legal e institucional.
Según todas las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje, el gobierno no cumplió con los requisitos legales necesarios para la creación del Parque Nacional Caura. No se realizó una consulta previa, informada y libre, a los pueblos indígenas ni se presentaron los estudios ambientales como manda la ley, los que además debían ser evaluados por la Asamblea Nacional.
Esta no sería la primera vez que el gobierno pasa por alto la presentación de estudios ambientales. En diciembre de 2016, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, reconoció en una sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Panamá, que los estudios necesarios para la declaración del Arco Minero del Orinoco, un área de 111 000 kilómetros cuadrados ubicada al sur de Venezuela en la que se entregaron concesiones mineras a 150 empresas transnacionales, no se hicieron.
El Parque Nacional Caura fue creado sin realizar una consulta previa a los pueblos originarios que viven en el área, tal y como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales: “en aquellos casos en los que la adopción de medidas de carácter legislativo o administrativo puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, siendo fundamental que dicha consulta sea realizada a través de las instituciones representativas de estos pueblos y por medio de procedimientos apropiados”. Este convenio está suscrito por Venezuela.
Tampoco cumplió con lo exigido en la Constitución venezolana que en su artículo 120 señala que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.
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Cortesía Mongabay LATAM