Lago de Maracaibo, Venezuela. Las especies silvestres de Venezuela, uno de los 17 países que cuentan con el 70 por ciento de la biodiversidad mundial, se han visto sometidas a un nuevo desafío además de la deforestación, los derrames tóxicos de petróleo y el tráfico ilegal: el hambre de los humanos.

La crisis económica que empezó en 2014 con el colapso de los ingresos del petróleo, se ha agravado hasta el punto de que algunos analistas consideran que Venezuela es un estado fallido. La pobreza ha atrapado a más del 80 por ciento de la población, según estudios de cuatro universidades venezolanas.

Muchos críticos responsabilizan a Nicolás Maduro de los problemas económicos del país, que ganó sus segundas elecciones a la presidencia en mayo entre acusaciones de fraude electoral y preocupación porque la inflación de Venezuela podría “alcanzar un asombroso 13.000 por ciento este año. Las tiendas están vacías y la gente tiene que buscar desechos en la basura. Mucha gente llama a la malnutrición del país ‘dieta Maduro’, culpando de las demacradas figuras que se ven habitualmente [en las calles] al Sr. Maduro”, informa el New York Times.

Aunque el Gobierno nacional niega oficialmente la severidad de la emergencia humanitaria, los servicios públicos, la productividad agrícola e incluso la red de transporte comercial se han deteriorado, y como consecuencia, también lo ha hecho el acceso a la comida.

Como resultado, la gente come donde sea y lo que sea. Eso incluye animales silvestres como la tonina costera (Sotalia guianensis), el flamenco rosado del Caribe (Phoenicopterus ruber), varias especies amenazadas de tortugas marinas y burros salvajes de la cuenca del lago Maracaibo que una vez fue el centro del a producción petrolera del país.

Del mismo modo, los zoos de Venezuela sufren con la escasez de materiales esenciales y han informado del robo de animales para proporcionar alimento, según creen.

Se han realizado pocos arrestos por estos delitos ambientales, y las multas a los autores han sido pequeñas. Tres hombres que mataron un burro silvestre, por ejemplo, y vendieron su carne fueron sentenciados a asistir al juzgado cada día durante 30 días. Otros dos culpables de cazar 60 especies de aves protegidas para venderlas ilegalmente como comida, tuvieron que realizar servicios comunitarios.

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