Venezuela cuenta con 105 áreas protegidas a nivel nacional, cubriendo alrededor de un 26% de nuestra superficie continental, marina e insular. Estos espacios tienen como principal objetivo la conservación de la diversidad biológica, bellezas escénicas y manejo sostenible de nuestro patrimonio natural. Pero ¿Qué está pasando con la gestión en las áreas protegidas de Venezuela?

La junta directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), en cumplimiento con su objetivo de ser asesores y observadores críticos con relación a la gestión sostenible de la biodiversidad en Venezuela, comparte algunas consideraciones de conocimiento para la ciudadanía venezolana. Hacemos esto en atención a las presiones que enfrentan nuestras
áreas protegidas.
Venezuela cuenta con 105 áreas protegidas a nivel nacional, cubriendo alrededor de un 26% de nuestra superficie continental, marina e insular. Estos espacios tienen como principal objetivo la conservación de la diversidad biológica, bellezas escénicas y manejo sostenible de
nuestro patrimonio natural. Pero ¿Qué está pasando con la gestión en las áreas protegidas de Venezuela?
● Existe una deuda histórica con la promulgación y actualización de los planes de ordenación y reglamento de uso (PORU). Solo 30 áreas protegidas cuentan con planes de ordenamiento y reglamentos de uso (PORU), la mayoría producidos y aprobados en los años 80 y 90. Varios proyectos de PORU han quedado sin ser aprobados, a pesar de la calidad técnico-científica con al que fueron elaborados, pero la voluntad política
ha estado ausente.
● La gestión ha sido discontinua, con picos de efectividad en la década de los 80 y 90, época en donde se decretaron la mayoría de las áreas protegidas, los PORU y se establecieron programas de educación y sensibilización sobre la protección de la naturaleza, dentro y fuera de las mismas.
● El presupuesto asignado a INPARQUES nunca ha sido cónsono a su labor de protección de más del 20% del territorio nacional. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha evidenciado una inversión aún menor, que ha traído como consecuencia la desprofesionalización del equipo técnico, falta de personal en las áreas, obsolescencia y falta de reposición de equipos y flota automotora para las actividades de seguimiento y control, operatividad limitada del equipo de bomberos forestales y la poca realización
de evaluaciones del estado de conservación.
● Paulatinamente han disminuido las campañas de educación ambiental y sensibilización en escuelas y dentro de las AP.
● Los últimos 10 años se han caracterizado por la poca o nula regulación de actividades no congruentes con los PORU o decretos de creación. Entre estos tenemos:
○ Construcciones en los cayos del parque nacional Archipiélago de Los Roques; tala de manglares para construcción de canales de navegación en el refugio de fauna silvestre de Cuare.
○ Instalación de tendido eléctrico de alto impacto en la avifauna en el parque nacional Morrocoy (sitio RAMSAR).
○ Minería ilegal en los parques nacionales Yurubi, Yapacana, Serranía La Neblina, Canaima, Caura, y los MN Guaiquinima y Macizo Cuao Sipapo.

○ Tala para la venta ilícita de madera como en el parque nacional Chorro El Indio, Guatopo, o extracción de leña por la ausencia de gas como el MN Cerro Saroche.
○ Competencia de bicicletas, y uso recurrente de las mismas en el PN El Ávila, siendo que esto está expresamente prohibido por su plan de ordenamiento y reglamento de uso. Estos sólo son los casos más recientes y con mayor información documentada.
● Los incendios cada año son más y en algunos casos cada vez afectan una mayor superficie como en el caso del PN Henri Pittier, MN Loma de León, PN Terepaima, entre otros.
● Se desconoce la situación de proyectos que evaluaban el estado de conservación de especies como la tortuga arrau, caimán de la costa, caimán del Orinoco, etc.
¿Qué podemos hacer desde la academia y la sociedad civil en vista de un Gobierno el cual parece haber olvidado sus obligaciones y carece de una política ambiental cónsona con la legislación venezolana?
● Ser ciudadanos responsables e informarnos al momento de visitar los espacios naturales, participar en las acciones voluntarias, financiar si es posible los proyectos y organizaciones que aún continúan trabajando por nuestro patrimonio natural y la educación ambiental.
● Apoyar la labor de los funcionarios ambientales que aún con compromiso y mística se mantienen en la primera línea de defensa de las AP. Necesitan cursos, diplomados, actualización en tecnologías de seguimiento remoto de variables ambientales. Además, requieren vehículos para movilizarse y equipos para el control de incendios. Trabajar en reunir la mayor información ambiental posible a través de los sensores remotos y
alianza con los venezolanos que están afuera en cargos académicos y empresas que pueden tener interés en poner a prueba plataformas y nuevas tecnologías.
● Construir vínculos con las instituciones ambientales y de seguridad con garantías, transparencia y justicia, que permita el trabajo conjunto y acceso a la información en seguimiento de la legislación ambiental.
● Actualización o creación, según sea el caso, de las regulaciones relacionadas al turismo y la construcción dentro de áreas protegidas para promover el turismo sostenible y el disfrute armónico con la naturaleza.
● Como investigadores exigimos se facilite el acceso a los permisos para estudios de campo en las áreas protegidas, así como la evaluación y seguimiento de impactos ambientales para generar soluciones desde la academia.
La SVE reitera su compromiso en promover y contribuir al conocimiento científico en pro de la conservación y manejo de los ecosistemas de Venezuela. Igualmente hacemos un llamado a todos nuestros miembros y a la sociedad civil en particular a unir nuestras voces para exigir al
gobierno cumplir con su deber de proteger y manejar adecuadamente el sistema de áreas protegidas de Venezuela.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SVE