La propuesta fue presentada en un foro en el Museo Boliviano, en Caracas. Sus teóricos afirman que el fin último es salvar la mega reserva que incluye la cuenca del Caroní, las reservas forestales de Imataca y Caura; y la Amazonia. Mientras, el sector ambientalista advierte la oportunidad para repensar el desarrollo sostenible de Guayana. El texto es analizado por una comisión mixta de la Asamblea Nacional y será sometido a consulta nacional
Alba Marina Gutiérrez
Cofundadora de PeriodismoCC
@AlbamarinaVzla
“El agua no nace en las tuberías. No hay Guri sin Canaima. Este Decreto 2.248 que creó el Arco Minero del Orinoco –realmente- pone en riesgo el agua en condiciones de potabilidad para el consumo humano. También la biodiversidad que incluye a nuestros pueblos indígenas; así como bosques, fauna, parques nacionales, reservas forestales y la Amazonía. Queremos por ley, proteger de la minería legal e ilegal a estas mega Abraes (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial)”, arengó el exsenador Alexander Luzardo, autor del “Proyecto de Ley Orgánica para derogar el arco minero y su impacto”, durante la presentación de dicho texto.
Tras sacudir al auditorio sobre el impacto negativo que supone desarrollar el plan contenido en el Decreto 2.248, aprobado por la Presidencia de la República (Gaceta Oficial 40.855 del 24 febrero 2016), Luzardo explicó que el proyecto de ley para derogar dicho decreto consta de 24 artículos y 5 títulos que se complementan bajo la visión del desarrollo sostenible; “el pentágono de la sustentabilidad”.
El documento propuesto recoge en detalle descripciones transdisciplinarias, donde las dimensiones social, ambiental y económica se gestionan como un entramado de acciones técnicas y demarcación territorial rigurosa.
Propone la creación de una mega reserva basada en decretos ya existentes, “que reconocen los derechos ambientales originarios de los pueblos indígenas, que van más allá de la demarcación. Se busca protegerlos de intereses públicos o privados. Se abren opciones al turismo sustentable y negocios verdes”.
En entrevista con Quinto Día, Luzardo dijo: “Con este proyecto de ley, la AN ha abierto las compuertas a una perestroika ambiental de más de 17 años. Con el informe presentado el 13 de diciembre pasado, se niega al Ejecutivo Nacional esos más de 111 mil kilómetros cuadrados que son Abraes”.
Sobre las expectativas tras la presentación del proyecto de ley, dicho documento “ha sido asumido como un compromiso parlamentario. Será analizado y contará con el seguimiento de la comisión mixta”, que se creó en 2016, presidida por Américo Di Gracia y conformada por parlamentarios de las comisiones permanentes de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Energía y Petróleo y Pueblos Indígenas.
Asimismo, será sometido a “una gran consulta nacional con el apoyo de los parlamentarios de los diferentes estados. Es importante recibir observaciones, visiones de distintos sectores como el técnico y el social”.
El especialista exhortó a la población para que apoyen esta propuesta mediante la conformación de comités de respaldo para recoger firmas y mantener contacto con la comisión mixta mediante redes sociales. También pueden hacer sus observaciones al correo: alexanderluzardon@gmail.com
Al cierre, Luzardo sentenció: “Este no es ningún arco minero, este es un arco vegetal, formado por bosques, parques nacionales, reservas forestales y de agua. ¡No le llamemos nunca más arco minero! Eso es una aberración de fondo y forma que tenemos que corregir. El llamado es a defender bienes insustituibles, derechos transgeneracionales de todos los venezolanos. Unámonos en esta causa. El decreto 2.248 es una estafa”.
Repensar el desarrollo de Guayana
Durante el ciclo de preguntas, ambientalistas y técnicos reconocieron el esfuerzo que la comisión mixta realiza, “aun en la crisis que soportan la AN y el país”, y propusieron que se haga el esfuerzo de coincidir en lo medular que propone el documento: derogar el decreto 2.248.
También surgió una interrogante: “¿Cómo hacemos para insertarnos los que vivimos en Caracas con la realidad de Guayana, vista por los guayaneses?
Antonio Di Lisio, geógrafo y docente universitario, dijo: “Creemos que la manera como se han hecho las cosas en Guayana, efectivamente, se pueden hacer diferentes. Guayana es una zona de tradición minera; pero eso no quiere decir que en el siglo XXI continúe siendo de esa manera”.
El proyecto de ley “habla de trabajo digno, se habla de Guayana sustentable. Creo que hacia allá se debe apuntar. Este es un punto álgido que debemos considerar, porque no es sustentable centrarnos solo en una propuesta de ordenación territorial como lo hacíamos en el pasado”.
Sentencia además: “Hoy tenemos el artículo 128 de la Constitución, en el cual el Estado venezolano está obligado a formular propuestas de ordenación del territorio, basadas en el desarrollo sustentable”.
El ambientalista insistió en que “el desarrollo sustentable nos pone en ese punto de equilibrio entre lo ecológico, lo económico y lo social y es hacia allá hacia donde debemos apuntar”.
Subrayó que no existe país en el mundo que se haya desarrollado con minería. “Guayana no tiene por qué seguir siendo zona basada en minería”.
Y surgió la propuesta: “Repensar a Guayana como una zona productiva asociada con lo que el siglo XXI nos está indicando”.
El ambientalista explicó: “Si la zona que tenemos en riesgo por explotación minera según el decreto 2.248 equivale a 80% de bosques, estamos hablando que ahí residen plantas con principios activos para la cura de muchas enfermedades, lo que abre espacio para que lideremos la farmacopea de origen biológico, la recuperación de prácticas ancestrales; el turismo ecológico y otros negocios verdes”.
Destacó: “Nunca más se puede hacer minería en Venezuela sin considerar las externalidades ecológicas y sociales. Ha llegado el momento de repensarnos como país, de repensar nuestro modelo de desarrollo. Un país que ha sido petrolero no va a mejorar siendo minero. La renta tóxica de la minería no puede ser la opción. Es la oportunidad para repensar al país, repensemos a Guayana”.