Estado y empresa en comunión

Políticas públicas y RSE

Los Estados pueden favorecer, facilitar, promover o incentivar las actuaciones socialmente responsables de las empresas privadas, mediante políticas públicas enfocadas en el estímulo de ese tipo de actuaciones

Charo Méndez
vecinosaludable@cobeca.com

Las políticas públicas en materia de responsabilidad social empresarial (RSE)  practicadas en el ámbito internacional suelen vincularse con cuatro aspectos: selección de proveedores, exoneración fiscal, articulación pública-privada y modelo de comportamiento.

Selección de proveedores

Los Estados pueden ser estupendos promotores de iniciativas socialmente responsables mediante sus políticas de compra y contratación, es decir, cada vez que el Estado compra o contrata un bien y/o un servicio, puede hacerlo aplicando criterios de RSE. Puede solicitar como requisito para sus compras que el proveedor muestre su trayectoria responsable y al momento de evaluar los requisitos de selección, puede ponderar positivamente aquellos proveedores que tengan comportamientos más responsables; por lo tanto, además de evaluar a los proveedores por razones de calidad, precio y cumplimiento, puede hacerlo también por su trayectoria responsable.

En Venezuela, la vigente Ley de Contrataciones Públicas establece compromisos de responsabilidad social para la selección de contratistas por parte del Estado. Existen varias modalidades para que las empresas realicen el apoyo: en proyectos de desarrollo socio-comunitario, en creación de nuevos empleos permanentes, en formación socio-productiva de la comunidad, mediante la venta de bienes a precios solidarios y/o a costo, como aporte en especies a programas del Estado o a instituciones sin fines de lucro o cualquier otro compromiso que satisfaga necesidades prioritarias del entorno social.

Esta ley establece un porcentaje de inversión social según el monto del contrato aprobado, que las empresas deben ejecutar y luego demostrárselo al contratante. La norma planteada de esa manera constituye una obligación adicional, cuyos costos tenderá a incluir el proveedor en la estimación de su presupuesto de oferta; distinto sería si la ley premiara al proveedor por su trayectoria en materia social, porque ello presume contar con un comportamiento social responsable que le permite presentarse ante el Estado y competir para obtener la contratación.

Exoneración fiscal

Los Estados pueden utilizar las políticas fiscales o tributarias para promover e incentivar prácticas responsables por parte de las empresas. Pueden aumentar el porcentaje de deducibilidad en el pago de los impuestos, si las empresas realizan inversiones sociales en asuntos que el Estado considere que están alineados con sus políticas o programas gubernamentales. Por ejemplo, el Estado considera que es importante aumentar la cobertura de servicios de salud para garantizar este derecho y el acceso de toda la población, entonces, si existen empresas que realizan inversiones sociales en este sector, el Estado se lo reconoce mediante la deducción del monto del pago de sus impuestos.

En Venezuela no hay mayores incentivos fiscales, sino obligaciones. Las empresas están obligadas a realizar una contribución en el área de ciencia y tecnología, así como en el área de prevención del consumo de drogas. Estas obligaciones determinan el monto y el área de destino. Esta condición de obligatoriedad y no como incentivo, puede llevar a las empresas a no realizar nada adicional en forma voluntaria. Por otra parte, si el Estado estableció obligaciones en los temas de ciencia y tecnología y de prevención del consumo de drogas es porque esas son áreas de inversión social prioritarias para él. Si no es así, entonces el Estado estableció esas obligaciones a las empresas en temas residuales y no en aquéllos más importantes para la población.

Articulación pública-privada y modelaje

Lo más innovador en el mundo actual en materia de RSE es la necesaria articulación de acciones entre distintos actores, en las cuales cada uno participa con su mejor rol. Se trata de proyectos sociales en los cuales existe una alianza Estado-empresa, se confirma el acuerdo en objetivos comunes de bien público, se evidencia que el apoyo empresarial está alineado con la política pública, y se muestra un ejercicio democrático de acuerdos y diferenciación adecuada y oportuna de roles.

En todos los eventos internacionales sobre este tema, los casos más reconocidos son aquéllos donde se ha logrado la citada articulación, producto generalmente de una intencionada política pública de convocatoria al sector empresarial para desarrollar proyectos sociales en conjunto que apunten a la equidad social y, sobre todo, para que logren mayor impacto social; de lo contrario, serían iniciativas sociales privadas valiosas, pero con dificultad para lograr cambios sustancialmente cuantitativos en los grupos poblacionales. En el país lamentablemente se observa que hemos retrocedido: iniciativas de articulación entre los sectores público y privado en materia social han sido canceladas; tampoco se percibe hoy en día con claridad la necesaria convocatoria desde el sector público.

Otra de las formas como el Estado puede mostrar una política en materia de RSE hacia las empresas es desde el modelaje de sus instituciones, concretamente de las empresas públicas. Los modelos de actuación responsable como empresa pública pueden darse en las distintas formas de relación con los grupos de interés, acciones de transparencia hacia accionistas minoritarios y prácticas de buen gobierno corporativo; iniciativas de trabajo decente que promueven el respeto a los derechos humanos y laborales de los empleados; procedimientos de compras, mercadeo y publicidad responsables; proyectos e iniciativas de consumo responsable; iniciativas de producción limpia y gestión ambiental responsable; y por supuesto, proyectos de articulación entre diferentes sectores en beneficio de las comunidades y la sociedad. El Estado venezolano no necesariamente está modelando en este tema, ni se evidencia que sea esa su intención.