Para mantener el planeta por debajo de 1,5 grados centígrados
Dubái, Emiratos Árabes Unidos (28 de noviembre de 2023) — Líderes indígenas y la coalición Amazonía por la Vida: protejamos 80% al 2025 instan a los Estados miembros de la COP28 a declarar una emergencia mundial para evitar sequías e incendios extremos en la Amazonía. La inclusión de los Territorios Indígenas en las NDC es esencial para abordar la acción inmediata para mantener la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. La evidencia científica confirma que la deforestación combinada y la alta degradación ya alcanzan el 26% y, en consecuencia, es inminente un punto de no retorno o la muerte regresiva de toda la Amazonía.
Los Territorios Indígenas (TI) representan alrededor del 22% de la superficie terrestre mundial, albergan el 80% de la biodiversidad restante en el planeta y 500 millones de personas, representan el 6,2% de la población mundial. En la Amazonía, los Territorios Indígenas y las Áreas Protegidas cubren casi el 50% de la región, pero las TI siguen sin financiamiento. El desempeño de conservación de los Territorios Indígenas es comparable o superior al de las Áreas Protegidas sin presupuestos nacionales o internacionales. En la COP28, los líderes indígenas presentarán diversos mecanismos financieros para proteger el 80% para 2025 como la deuda, la bioeconomía, entre las medidas más importantes para lograr este objetivo.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la región deben incluir a los Territorios Indígenas para evitar la actual crisis de punto de inflexión que amenaza el sustento de 511 pueblos indígenas y el bosque continuo más grande y biodiverso de la Tierra. En la actualidad, menos del 1% del financiamiento se destina a los Territorios Indígenas, independientemente de su alto desempeño en materia de preservación. Se necesita urgentemente financiamiento directo.
La Iniciativa 80% para 2025 ha desarrollado una Hoja de Ruta para la Implementación de la Meta 3 que destaca el reconocimiento legal de los derechos y territorios Indígenas como un primer paso hacia la integridad de los ecosistemas y la necesidad imperiosa de financiar los territorios Indígenas con diversos mecanismos financieros como se establece en las Metas 18 y 19 del Marco Global de Biodiversidad.
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