No hay que ser un experto en Ciencias Políticas ni un analista de renombrada trayectoria internacional para evidenciar que Venezuela atraviesa un complejo proceso político-social, de opiniones polarizadas y en algunos extremos radicalizadas que destruyen en vez de construir. Ahora le tocó al ambiente ser esa “cuerda” que revienta por lo más delgado, y explico a continuación siendo lo más concreto posible.

Desde hace un par de semanas, viene dándose en Maracaibo un movimiento que, textualmente como ha sido publicado por una ONG ambientalista regional, busca “acciones legales para ser aplicadas” y “el mayor de los castigos a -los- delincuentes que han quemado y deforestado en la ciudad“, correspondiendo a una denuncia sobre el gran número de 500 árboles que habrían sido talados en Maracaibo para ser utilizados dentro de las acciones de protesta que desde hace un mes se han desarrollado en varias partes del país, sumándose a la quema indiscriminada de basura y cauchos, estos últimos, elementos de protesta que no han faltado en la historia de Venezuela y del mundo.

Antes de entrar en detalles, y para que quede bien clara mi posición, estoy en total desacuerdo y repudio tajantemente cualquier acción que atente contra la naturaleza por el motivo que sea; Posición que mucho antes de la mediatización de la denuncia ya había compartido en mi cuenta en la red social Twitter.

Creo, sin embargo, que la forma en la que se está abordando esta situación dista de ser conciliadora y mucho menos orientadora, al caer en descalificaciones fuera de contexto. Pienso que la bandera de una ONG Ambientalista debe ser la educación y el fomento de valores, sin caer en la criminalización del público objeto de su enseñanza.

La legislación venezolana, como La Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica del Ambiente, reforzadas por las ordenanzas municipales, prevé sanciones para quienes incurran en el delito ambiental de talar un árbol sin el debido permiso y sustento. Y para nuestro caso particular, cito la ordenanza de la Alcaldía de Maracaibo: “Al talar un árbol sin el permiso correspondiente, se incurre en una falta ambiental  según lo contemplado en el artículo 5 numeral 9 de la ordenanza Sobre la Conservación Defensa y Mejoramiento del Municipio Maracaibo. Las personas o instituciones podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre  las 10 y 20 UTB.”

La denuncia fue promovida por el Secretario de Ambiente, Tierras y Ordenación Territorial del Estado Zulia, fundador de la ONG de la citada publicación. Posteriormente dicha denuncia fue acogida por el Consejo Legislativo del Edo. Zulia (CLEZ) y presentada ante el Fiscal Superior del Edo. Zulia, quien manifestó “en nombre de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y en nombre de la Fiscalía Superior del estado Zulia, que -iniciaría- la averiguación y establecer la responsabilidad penal a quien corresponda“. De ahí en adelante se ha hecho vox populi a nivel nacional. 

Ahora bien, como ambientalista, con al menos nueve años (tengo 27) apoyando distintas ONG del área nacional e internacionalmente, no dejo de preguntarme: ¿por qué abalanzarse con una denuncia de tal magnitud ahora y bajo estas circunstancias? El cuestionamiento lo hago, primero, porque la gran ausente en todo este problema ha sido la contraloría social; Es la fecha en la que las pruebas de tal ecocidio -como se le ha llamado- no han sido presentadas públicamente a los ciudadanos afectados o a la Municipalidad, y segundo, porque otras grandes ausentes han sido la Fiscalía Ambiental del Zulia y la Defensoría del Pueblo, instancias a las que debe llegar una denuncia ambiental según la Ley Orgánica del Ambiente. 

Surgen al mismo tiempo varias preguntas no contestadas en relación a graves delitos ambientales vigentes que, en mi opinión, merecerían la misma atención, como por ejemplo: ¿Dónde están las denuncias -igual de categóricas- sobre la tala indiscriminada de mangle a orillas del Municipio Maracaibo, especialmente en la recién inaugurada 2da etapa del Paseo del Lago, sobre la cual también me he pronunciado, y cuyos trabajos son responsabilidad de la nombrada Secretaría de Ambiente junto a la Secretaría de Infraestructura? -sin contar la extracción y venta ilegal de madera de mangle en los Municipios Mara e Insular Almirante Padilla- ¿Dónde están las denuncias -igual de categóricas- sobre los no constantes pero sí frecuentes incendios en el relleno sanitario (vertedero) La Ciénaga, que afectan a al menos 20 comunidades circundantes y el cual es competencia de las nombradas Secretarías? ¿Dónde están las denuncias -igual de categóricas- sobre reportes de tala indiscriminada en Maracaibo que aparecieron en un importante rotativo regional el día 03 de octubre de 2013, igual o más preocupantes que la actual situación?

Creo que la ciudadanía merece respuestas a las interrogantes que planteo, por nombrar sólo algunas que me vienen a la mente, y ante las cuales cualquier ONG Ambientalista que haga honor a su misión se pronunciaría y denunciaría categóricamente. Por eso, no quisiera creer que detrás de todo esto hayan motivos mucho más allá del mero interés ambiental para condenar las acciones de particulares dentro de la población, que si bien ha incurrido en acciones negativas y punibles, está en su justo derecho constitucional a la protesta.

Cierro llamando a la reflexión sobre varios puntos: el primero, sobre que toda denuncia hecha por una Organización No Gubernamental, cualquiera que sea su ámbito, debe cimentarse en argumentos técnico-científicos con pruebas concretas y auditables, para no fracturar su credibilidad. El segundo, sobre la importancia de que todos los niveles de gobierno trabajen en conjunto por el bienestar de quienes los eligieron, de allí que sean cargos públicos sujetos a elección popular. El tercero, sobre el énfasis de un llamado a la población toda, a respetar la integridad de lo que no nos pertenece, la naturaleza, basándonos en la sana convivencia, tan necesaria para nuestro país en estos momentos. Y cuarto, sobre que el ambiente no distingue de segmentos sociales o parcialidades políticas; Todos dependemos del mismo aire, de la misma agua, de las mismas plantas, de los mismos animales, y mancharlo con tintes políticos sería todavía mucho más crimen que la propia afectación.