Luego que el gobierno anunciara con bombos y platillos la declaratoria del Parque Nacional Caura, con calificativos de “indígena y popular”, que no existen en el Decreto N° 2.767; Gaceta Oficial N° 434.575 del 21/03/2017; tal y como nos tiene acostumbrados, el Presidente Maduro, con su verbo exacerbado, dijo que era “el Parque Nacional más grande del mundo”, lo que a su vez, complementa una serie de imprecisiones técnicas publicadas en la declaratoria. Dichas imprecisiones del presidente, no pueden imputarse solo a su evidente ignorancia en el tema de las áreas protegidas, sino al equipo técnico ministerial, el cual debe preparar información puntual y precisa de los elementos más relevantes de la declaratoria, para mantener informados a ministros y al mismo Presidente.

No han faltado los ambientalistas de corazón y afectos al gobierno, que conociendo muy poco del tema, han defendido la valentía del presidente de haber declarado el supuesto Parque más grande del mundo, cumpliendo con el lineamiento del Plan de la Patria de “salvar al planeta”. Pero, ¿Qué hay detrás de esta declaratoria? ¿Qué tan cierto o falso es lo que se ha dicho? ¿Cuáles son los principales errores que se cometieron en el decreto y que alimentan los falsos comentarios? ¿Por qué, en medio de esta crisis socioeconómica y política, se declara un Parque Nacional de esta magnitud?

Sorprende, que después de 18 años de “gobierno socialista”, generando políticas ambientales erráticas y donde el otrora Ministerio del Ambiente, aplicó una línea dura en contra de la declaratoria de nuevos Parques Nacionales, heredada del gobierno de Rafael Caldera, se declare un mega Parque Nacional en una cuenca altamente conflictiva como Caura. Las estadísticas hablan por sí solas: entre los años 2000 y 2016, solo se declararon 7 ABRAE asociadas a protección de biodiversidad, cuencas y humedales (1 Santuario de Fauna Silvestre, 1 Zona Protectora y 5 Reservas de Fauna Silvestre), incorporando una superficie total de 280.010,5 has. Algo realmente exiguo, si lo comparamos con décadas anteriores. Entre 1972 y 1986 se declararon 86 ABRAE con un total de 16.945.190,56 has y entre 1987 y 1993 se declararon 68 ABRAE con un total de 18.352.388,4 has (1). Como se ve la diferencia es abrumadora. Varios fueron los Ministros de estos últimos gobiernos, que se negaron vehementemente a declarar nuevos Parques Nacionales. El caso más evidente fue el fracaso en la propuesta del Parque Nacional Parawa’ta, que intentó proteger la cuenca del río Paragua (Superficie: 2.535.358,3 Ha), ya que la misma aporta 60% del agua que llega al Embalse Guri. Pero su importancia hidroeléctrica no valió de nada, frente a los intereses de la Federación Indígena, liderizada por los Pemones y el Ministerio de Minas, lo que hundió en el olvido, un esfuerzo de dos años (2006 y 2007) del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en asociación con ONG’s privadas y Organismos del Estado como EDELCA. Así, luego de una larga sequía de 24 años sin declaratorias de Parques Nacionales, se crea uno, que según el decreto tiene una superficie de 7.533.952,0 has, 2.399.952,0 has más grande que la Reserva Forestal, la cual está sustituyendo. De allí que se le haya informado erróneamente al Presidente que era el Parque Nacional más grande del mundo, sin sospechar que en Groenlandia ya existe un Parque Nacional con la bicoca de 97.200.000,0 has, más extenso que el territorio venezolano.

Con esta declaratoria, el Gobierno trata de remendar la maltrecha imagen ambientalista generada por el decreto N° 2.248; GO N° 40.855 del 24/02/2016, que crea las 5 zonas de explotación minera más grandes de Venezuela y que muy probablemente – si se dan las concesiones estimadas – destruirá los ecosistemas y paisajes de gran parte de la ribera sur en la cuenca baja del río Orinoco, como consecuencia de la desforestación, remoción de suelos, sedimentación y contaminación de mercurio o cianuro (dependiendo del método extractivo que se permita) a lo largo del río, todo el Delta, la zona Atlántica venezolana y parte del Caribe Oriental, lo que producirá condiciones sanitarias devastadoras para las poblaciones que consuman pescado y otros productos marinos en Venezuela, Trinidad y una parte de las Antillas Menores.

Por otra parte, las contradictorias políticas ambientales de Venezuela en las últimas dos décadas, colocan al gobierno a nivel internacional, en una posición muy precaria de credibilidad, ya que aun habiendo firmado convenios como el de Cambio Climático en París, no desarrolla acciones dirigidas al mejoramiento de sus estándares ambientales; colocándolo como el país Latinoamericano y del Caribe que más contamina y contribuye con el Cambio Climático. Venezuela registra, a nivel de Latinoamérica, casi el doble del consumo energético promedio de (2.271 Kg Oil Equivalente per cápita); produce casi 3 veces la cantidad de CO2 per cápita (6,4 Toneladas Métricas per cápita); tiene una tasa de desforestación que se mantiene casi en el promedio de la región, con pérdidas de bosques de 2.749,3 Km2 al año; y una de las productividades más baja de América (2).

En contradicción a lo anterior, Venezuela posee unos de los conjuntos de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), más complejos de América, que combina a 5 tipos de áreas naturales protegidas, con 19 tipos de áreas especiales con fines de producción agrícola intensiva, explotación minera, protección de infraestructuras, interés turístico y zonas de defensa. Aun cuando, su superficie de cubrimiento real no es nada despreciable, el Estado infla artificialmente las cifras, reportando 72,77% del territorio como áreas protegidas, algo poco creíble si tomamos en cuenta que dichos datos contienen una sobre estimación aproximada de 40% por solapamiento de áreas, donde se suman de 2 a 5 veces la misma superficie, algo técnicamente inexplicable. Solo entre los 5 tipos de Áreas Protegidas más las Reservas de Biosfera (3), la sobre posición alcanza 17,98% (4), lo cual desdice de los datos venezolanos que se publican a nivel internacional.

Analicemos ahora la declaratoria del Parque Nacional Caura, en medio de este contexto de contradicciones e informaciones imprecisas. Ya hace muchos años, la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales de INPARQUES, había dejado de publicar en los Decretos de Gaceta Oficial, las superficies de Parques y Monumentos, ya que los errores que se cometen en el proceso de medición, una vez publicados, son difíciles de enmendar, produciendo una secuela de información errónea con valor jurídico. He aquí el primer error procedimental, no se ha debido publicar en Gaceta dicha superficie, pero al parecer la misma adquiere valor propagandístico para el Gobierno.

Varios elementos nos inducen a afirmar, que la cifra publicada no es el verdadero tamaño del nuevo Parque, ya que se tomó, la cifra cruda que arrojó la medición del Sistema de Información Geográfico, sin restarle la superficie de los tres Monumentos Naturales que la poligonal incluyó.

Los Monumentos Naturales, según la norma jurídica venezolana (5), son mucho más restrictivos que los Parques Nacionales, así esto no coincida con el esquema internacional de Categorías de Gestión de la UICN (6), por lo tanto, las zonas de Monumentos Naturales de Maigualida, Guaiquinima, Ichún y Guanacoco, a partir de la cota 800, no son Parque Nacional. De allí, que al restar las áreas de los Monumentos, la superficie del nuevo Parque queda en 6.573.543,07 has. Adicionalmente, en el artículo 13 del decreto de creación del PN Caura, se derogan la Reserva Forestal Caura y el Parque Nacional Jaua Sarisariñama, ambos a través de lo que establece el artículo 17 (parágrafo segundo) de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOPOT) (7). Aquí se cometieron dos errores básicos: el primero es que no se consultó a la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio para el caso de la Reserva Forestal, ya que esta Comisión no se reúne desde hace muchos años; y en segundo lugar, para el caso de los Parques Nacionales, la norma que rige sus desafectaciones es la “Convención sobre la Protección de la Naturaleza y Conservación de la Flora, la Fauna Silvestre y las Bellezas Escénicas en el Hemisferio Occidental” (8), que en su artículo 3 establece que solo podrá derogarse parcial o totalmente un Parque Nacional con la autorización de la autoridad legislativa, algo que tampoco se le consultó a la Asamblea Nacional (apartando de esta discusión la diatriba política que vive el país). Por lo tanto, el artículo 13 del decreto de creación es nulo y el PN Jaua Sarisariñama y posiblemente la Reserva Forestal aún están vigentes. En el caso de la Reserva Forestal, es la que menos consecuencias tiene, ya que los Parques Nacionales son de mayor restricción de uso y prevalecen sobre las Reservas Forestales, pero en el caso del PN Jaua Sarisariñama, comparte las mismas restricciones de Caura y se mantiene vigente, por lo que también habría que restarle dicha superficie, quedando definitivamente en: 6.306.197,17 has. Esta última es la verdadera superficie del nuevo parque, colocándonos a nivel internacional, en un nada despreciable segundo lugar de los parques más grandes del mundo, dejando como tercero al Wrangell – St. Elias National Park, con 5.332.100,0 has, ubicado en el estado de Alaska, Estados Unidos.

Observando en el mapa la extensión que ocupa el área, se aprecia rápidamente que cumplir los artículos 4 y 5 del decreto es casi imposible. Primero, porque técnica y logísticamente no es probable lograr, en un año, la demarcación en el terreno de los linderos de un parque con semejante extensión; y segundo, no hay capacidad técnica ni voluntad política en INPARQUES ni en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, para elaborar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso en término de dos años. Todo esto nos lleva a aseverar, que aunado a la extensión del Parque, la debilidad institucional de INPARQUES, la conflictividad de la cuenca y la poca coordinación interinstitucional que existe entre los organismos involucrados, la posibilidad de una gestión coherente para el cumplimiento de sus funciones de protección y conservación, se observan como poco probables.

Por su parte, los grupos indígenas Ye’kwana y Sanema, ya han dejado clara su posición, a través del Manifiesto ante el Decreto del Parque Nacional Caura, donde exponen que desde el año 2002 viene reclamando la aprobación de la demarcación de sus territorios y los títulos de propiedad colectiva de hábitats y tierras ancestrales; por lo que ven cómo, a través de un decreto de Parque Nacional, se desvanecen sus esperanzas y derechos promulgados en la Constitución (2000) y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Después de todo, el Parque ha sido decretado sin consulta ni información previa, violando el artículo 120 de la Constitución, algo que podría poner en tela de juicio, dicha declaratoria con un reclamo ante el TSJ.

Esto no es un buen comienzo para un área protegida y sus relaciones de gobernanza. Contraponer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el carácter de utilidad pública del área protegida; y los derechos de propiedad colectiva, con las obligaciones que debe asumir el Instituto Nacional de Parques como autoridad gestora, no ayuda a bajar las tensiones. Si a esto agregamos, la crítica situación causada por la actividad de minería ilegal y los grupos armados asociado, se evidencia que la gobernanza del área está pendiendo de un hilo y los problemas que se supone podría resolver la figura de Parque Nacional, no serán más que una quimera, agregando a Caura a la ya larga lista de parques que no cumplen sus funciones de protección y conservación de ecosistemas y paisajes.

Aun con todos estos elementos en contra, los Ye’kwana y Sanema han planteado en su Manifiesto que esperan participar activamente en la propuesta de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, lo que le brinda a INPARQUES, una ruta inicial de asociaciones claves. Así, la Institución gestora de los Parques Nacionales, deberá demostrar inteligencia y flexibilidad interpretando los deseos de estos grupos indígenas, conformando un equipo de planificación mixtos, donde Ye’kwanas y Sanemas tengan peso específico en las decisiones, ser ingeniosos e innovadores en la adaptación de la zonificación, dando cabida, de forma amplia a los usos tradicionales indígenas y lo más importante, cómo se expresará todo ello en acciones concretas de gestión e inversión financiera para la protección y conservación de esta cuenca de alta diversidad biológica y cultural. Las experiencias de Canadá y Estados Unidos con aquellos Parques Nacionales donde los indígenas hicieron reclamos de sus tierras ancestrales puede ser un ejemplo a revisar. El Servicio de Parques Canadiense, inicialmente optó por ir a juicio contra los indígenas y perdió casi todos los casos, mientras que el Servicio de Parques de los Estados Unidos, optó por incorporar profesionales y técnicos indígenas, capacitándolos y ubicándolos en sus territorios ancestrales. Esto permitió ir adaptando los Planes de Gestión originales a la cosmovisión indígena, corrigiendo zonificaciones, reglamentaciones y programas de gestión. ¿Cuál podría ser la opción a tomar en el caso de Caura? INPARQUES deber tomar la iniciativa para reunirse con las comunidades de la cuenca, pero debe hacerlo con profesionales de experiencia y aglutinar la mayor cantidad de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para sumar esfuerzos, junto a los Ye’kwana y Sanema.

Que al final, son los que le darán frente a los problemas de gestión del Parque Nacional Caura, como habitantes y conocedores de la zona, siendo lo ideal, que también lo hicieran como funcionarios del Servicio de Parques Nacionales.

En Venezuela, se ha sobre utilizado la figura de Parque Nacional, esto muy probablemente se deba al prestigio nacional e internacional de esta Categoría de Gestión, vista la organización que logró el Servicio de Parques Nacionales entre 1958 y 1976 en el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) y desde 1978 hasta 2003 en INPARQUES. Tanto su organización territorial, su independencia administrativa y las capacidades de su personal profesional, le brindaron por varias décadas, éxitos de gestión y cierto nivel de eficiencia administrativa. Esto hizo, que cada vez que otro tipo de ABRAE tenía problemas de deterioro ambiental, se propusiera declararla Parque Nacional, ejecutando dichas acciones, particularmente sobre Zonas Protectoras y algunas Reservas Forestales. El problema es que la figura jurídica de Parque Nacional, con sus restricciones legales de ocupación y uso de la tierra, así como su prestigio internacional, no resuelven los conflictos que están presentes en la cuenca del río Caura y las dimensiones del nuevo Parque, dificultan el diseño, elaboración y gestión de un plan. Quizá lo más sensato hubiese sido declarar una Reserva de Biosfera, aumentando el tamaño del PN Jaua Sarisariñama para utilizarlo como núcleo de la Reserva, declarar un Refugio o una Reserva de Fauna Silvestre en la cuenca media y permitir que en la cuenca baja los Yek’wana y Sanema crearan otras figuras para usos tradicionales indígenas, lo que les hubiese permitido sentirse representados en la toma de decisión sobre la conservación de la cuenca del río Caura.

La aventura del Gobierno de crear un Parque Nacional de 6,3 millones de hectáreas, en medio de una situación económica y política tan precaria, con una institución anacrónica y quebrada como INPARQUES, podría ser la estocada final para declarar su cierre técnico. Estimaciones recientes, indican que pese a que INPARQUES ejecutó en el 2016 aproximadamente 7.809.871.783,7 Bs, la inflación (9) hizo que su presupuesto perdiera 31,95 veces su valor con respecto al 2013 como año base de cálculo, por lo que funcionalmente operó con un presupuesto equivalente 2,3 veces menor al del 2015. Por otra parte, la estimación de un presupuesto ideal para INPARQUES (10) en el 2017, indica que sus requerimientos reales oscilan entre 179.816.169.836,78 y 373.071.471.960,97 Bs. y la ejecución neta estimada para este año es de 16.852.408.620,00 Bs, por lo que el déficit o brecha financiera estaría por el orden de 90 a 95 % (11), todo ello sin estimar el efecto inflacionario de la economía nacional para el 2017. La incorporación del PN Caura al Sistema de Parques Nacionales, implica una recarga presupuestaria de 55.149.775.296,72 Bs a 114.421.344.125,72 Bs para su gestión ideal, montos estos que superan con creces el dinero aprobado por Ley para INPARQUES. Es evidente, que para administrar estos montos ideales, se requiere una planificación estricta y detallada de cada parque o monumento, una reorientación en la capacitación del personal técnico y profesional, una reestructuración y desconcentración de funciones de INPARQUES a nivel central, que permita capacidades regionales de negociación de fondos nacionales e internacionales, la creación de fondos bancarios para la conservación y gestión de las áreas, una administración transparente de los recursos financieros entregados a las unidades de gestión (léase parques y monumentos), así como una directiva institucional con claridad de funciones y donde los intereses políticos, no se mezclen con las finanzas de la institución.

La reestructuración del Instituto Nacional de Parques es urgente, y llevará un proceso de 4 a 5 años, para mejorar los procesos de planificación y gestión complejos que requieren dedicación y esfuerzo, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y capacitar a todo el personal para que trabaje en equipo y en una dirección básica, convertir a INPARQUES en una institución de conservación y protección ambiental, entendiendo que bajo su responsabilidad de trabajo, están los territorios más extensos de conservación del país y que ahora se sumará, la planificación, administración y manejo del segundo parque nacional más grande del mundo, siendo sus aliados naturales para esta labor, los Yek’wana y Sanema, por lo que tiene que haber un gran esfuerzo de negociación, para llegar a acuerdos de co-gestión.

Amanecerá y veremos si somos capaces de gestionar con asertividad este mega Parque Nacional o con el tiempo será solo un parque en el papel.

Notas:

1. González, E., N. Malaver & J. Naveda. 2015. Los ecosistemas acuáticos de Venezuela y su conservación (Capítulo 6), pp. 187 – 251. En: Gabaldón, A., A. Rosales, E. Buroz, J. Córdova, G. Uzcátegui & L. Iskandar (Eds.). Agua en Venezuela: una riqueza escasa (Tomo I). Fundación Empresas Polar. Editorial Exlibris, Caracas. 522 p.

2. Datos tomados de: World Bank Group. (2016). The Little Green data book 2016 (pp. 223). Publishing for The World Bank, Washington, D.C. 237 p.

3. En Venezuela, los tipos de áreas protegidas no se corresponden exactamente con la propuesta de Categorías de Gestión de la UICN. De las 6 Categorías reconocidas a nivel internacional, Venezuela solo utiliza 4. Ver: UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. CPNAP con la ayuda de WCMC. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 26 p.

4. Yerena, E. & J. Naveda 2014. The real extension of Venezuelan protected areas: lessons to assess Aichi Target 11. IUCN World Parks Congress 2014, Sidney, Australia.

5. Venezuela, 1989. Reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, sobre administración y manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Decreto N° 276, del 07/06/1989; Gaceta Oficial N° 4.105 extraordinaria, del 09/06/1989.

6. Dudley, N. (Ed.). 2008. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza: UICN. 96 p.

7. LOPOT, Gaceta Oficial N° 3.238 extraordinaria del 11/08/1983.

8. Gaceta Oficial N° 20.643 del 13/11/1941.

9. Extraoficialmente, la inflación para el año 2016 se calculó en base al promedio de diferentes estimaciones, resultando un 495,56%.

10. Para la estimación de presupuesto ideal se utilizó el método de los estándares de inversión por unidad de área para conservación, ajustado con un indicador de grado de dificultad operativa, y en base a dos escenarios: 1) de presupuesto mínimo; y 2) de presupuesto ideal.

11. Naveda, J. 2017. ¿Cuánto cuestan las políticas de gestión en los territorios de conservación? El caso del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela. En preparación.

Fotografías utilizadas en el artículo:

Fotos 1 y 2: de Alberto Blanco Dávila. Tomadas de: http://www.eluniversal.com/noticias/guia-turistica/caura-selva-mas-diversa_636180

Foto 3: Comunidad El Playón en el Alto Caura. Tomada de: http://riocaura.com.ve/index.php/component/content/category/2-uncategorised

Foto 4: Indígenas Ye’kwana. Tomada de: http://grupolipo.blogspot.com/2012/09/mineria-informal-afecta-cuenca-del-rio.html

Jorge A. Naveda S. Universidad Católica Andrés Bello y Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, capítulo Venezuela. Correo-e: jnaves22@gmail.com

*Revisado y comentado por: Edgard Yerena O. Universidad Simón Bolívar y punto focal de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para Venezuela.