Nuestro país aún no lo ha ratificado. Curiosamente la Asamblea Nacional precedente adoptó el 30 de Diciembre de 2015, prácticamente el último día de sus funciones, una Ley mediante la cual se aprueba en todas sus partes el Acuerdo de París (Gaceta Oficial No 40.819); siendo esta una decisión apresurada e inútil, porque ni los resultados de la COP21, ni las implicaciones del Acuerdo de París para nuestro país le fueron comunicadas a los venezolanos previo a este Decreto. De tal manera que no hubo discusión alguna acerca de cómo se llevará a la práctica el Decreto, no se sabe que significa para los sectores productivos, para nuestros ecosistemas, para la salud de las personas, y sobre todo como pretendemos cumplir con los compromisos que el Acuerdo supone. Por otro lado, al hacerse Ley nacional el Acuerdo de París, se allana el camino de la ratificación. Lo único que queda por hacer es redactar un documento legal que debe ser entregado por la Cancillería en la Secretaria de la Convención de Cambio Climático en Naciones Unidas.

Dicho documento debe expresar que el país acepta y se compromete a cumplir con el Acuerdo, lo cual equivale a decir que se compromete, en primera instancia, a aportar su contribución al esfuerzo de toda la comunidad internacional para impedir que la temperatura global suba más de 2 °C, consistiendo dicho esfuerzo en lo expresado en el texto oficial de la INDC que Venezuela entregó en Naciones Unidas justo después de la COP21, que afirma que se reducirán las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en 20% con respecto a las emisiones proyectadas para 2030, siempre que se cuente con ayuda de los países desarrollados. Así, diez meses después de haberse adoptado a toda prisa el Decreto 40.819, el documento ratificación aún no se ha entregado en Naciones Unidas, y por tanto no hemos ratificado el Acuerdo de París.

Por supuesto, para determinar en qué sectores se hará la reducción de emisiones (sector energético, industrial, forestal, etc.) de debe disponer del Inventario Nacional de Emisiones actualizado, que no está disponible, no se ha hecho porque las autoridades responsables no le han dado prioridad a este asunto, no ha existido la voluntad política para ello. Tampoco se ha justificado ante el país el porqué de esta actitud. Pero la tarea pendiente es aún más grande, oficialmente tampoco se ha informado nada acerca de cuáles son las prioridades del país en materia de adaptación a las consecuencias del cambio climático, cuales son los sectores más expuestos a los riesgos del clima, cuales son los más vulnerables, y como se piensa mejorar la resiliencia de tales sectores. El vacío de información es considerable: el documento de contribución INCD de nuestro país nada dice al respecto, cuando es precisamente en este documento donde deben plasmarse todas las tareas de mitigación y adaptación que deberán realizarse. El no disponer formalmente de esta información, impide el acceso a los recursos del Fondo Verde, que es precisamente el mecanismo internacional de ayuda bajo el Acuerdo, ayuda por cierto que vehementemente exige Venezuela en su documento INDC para realizar esfuerzos de mitigación y adaptación.

Desestimar el Acuerdo y en general el tema del cambio climático puede llegar a costarnos muy caro. Al parecer ha faltado visión para percibir que la aceptación del Acuerdo por parte de la mayoría de los países no es un asunto independiente de la realidad global actual: ha ocurrido en un momento en el cual se suceden tres megatendencias mundiales que deben ser vistas en su conjunto, porque si se las ve separadamente, ninguna de ellas individualmente tendría la fuerza para impulsar la transición energética necesaria para lograr la meta de evitar el aumento de más de 2 °C de temperatura conforme al Acuerdo, pero las tres parecen estar actuando sinérgicamente. La primera de ellas es que en muchos países se ha tomado conciencia del doble riesgo que representan los combustibles fósiles, porque además de ocasionar el cambio climático está también la amenaza de la contaminación del aire por los gases que genera el uso de estos combustibles. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente fallecen 3 millones de personas por la contaminación del aire urbano, y 4,3 millones adicionales fallecen por la contaminación del aire al interior del hogar. Esta contaminación se debe mayoritariamente al consumo de carbón en plantas termoeléctricas, y de gasolina y diésel en los vehículos. Los países más afectados están adoptando medidas para reducir esta contaminación, que simultáneamente reduce emisiones de gases de invernadero, mientras que otros países adoptan medidas preventivas. La segunda es que las energías renovables ya compiten ventajosamente con los combustibles fósiles en el sector eléctrico, y han comenzado a desplazarlos. Ello ha sucedido gracias al desarrollo tecnológico que ha abaratado considerablemente el costo de la energía proveniente de fuentes renovables. La tercera tendencia es el desempleo creciente que se observa en las empresas de explotación de combustibles fósiles en los últimos dos años, mientras que en las empresas de energías renovables sucede todo lo contrario, están contratando personal. Esta creación de empleos gracias al desarrollo de las fuentes renovables es un aspecto que políticamente muy atractivo para cualquier gobierno.

Estos son los primeros indicios del comienzo de una transición energética global, que es necesaria, y que persigue la sustitución progresiva del uso de los combustibles fósiles por fuentes renovables y por el aumento de eficiencia energética en un lapso perentorio.

Esta tendencia ha hecho que algunos expertos de grandes empresas petroleras como Shell y Statoil vislumbren una caída inevitable de la demanda petrolera a partir de tan solo dos décadas, aunque existen opiniones divergentes que consideran que tomará más tiempo. Resulta por tanto incomprensible que en un país tan dependiente del negocio petrolero como el nuestro, sus autoridades le den la espalda a un tema tan crucial como este del cambio climático.