En Venezuela existe un marco legal ambiental pionero en el continente con instituciones que sirvieron de referencia a muchos países para el establecimiento de su orden ambiental. Contamos con un soporte legal ambiental desde la Constitución Nacional hasta numerosas leyes y decretos que han servido en su momento para establecer los marcos técnicos y las mejores prácticas en muchos proyectos.
Lo anterior contrasta con lo que el ciudadano común puede ver en su día a día a lo largo del territorio nacional; sobreexplotación de recursos, mala calidad de vida por deficiencia de servicios, afectaciones diversas al ambiente que van en incremento, impunidad ante el daño ambiental, ausencia de políticas efectivas, uso de propaganda ambiental sin ningún tipo de resultados, falta de compromisos en el logro de metas ambientales, falta de ejecución efectiva de obras que mejoren la calidad de vida de las personas y proyectos ejecutados sin ningún tipo de medidas de prevención o mitigación, sino más bien realizados de manera expedita con la finalidad de satisfacer una necesidad a corto plazo o un compromiso político.
El ciudadano común ve como la afectación por los motivos que sean y el daño al ambiente no compromete a nadie en el mediano o largo plazo. Cualquier profesional en las ramas de la ingeniería, arquitectura, ciencia o ámbito socioeconómico que haya participado en la elaboración o supervisión de algún proyecto de infraestructura, ve como el cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos, entre otros temas que se deben asumir de manera seria en los Estudio de Impacto Ambiental, son meramente una formalidad del momento, que no llega a traducirse en un proceso cuantificable que permita el equilibrio entre lo afectado y lo restaurado. En la mayoría de los casos son procesos que van en contra de la calidad o la protección del mismo proyecto.
Los Estudios de Impacto Ambiental se llevan a cabo en Venezuela desde hace décadas, el Decreto 1257 del año 1996 establece sus normas y aplicabilidad sin que se haya emitido un reglamento que indique todos y cada uno de sus elementos constitutivos; procesos, términos, plazos y procedimientos, lo que ha dejado muchas veces que estos estudios sean ejecutados con un contenido ajustado a la discreción del proyectista, a la experiencia de los profesionales y a temas de tiempo y presupuesto. Más lamentable aún ha sido el caso de la ausencia de su elaboración y el otorgamiento de permisos ambientales a una centena de proyectos en los últimos años con base en trabajos deficientes o muchas veces en su ausencia.
La cacería de proyectos de alto impacto económico de los últimos años en Venezuela por parte de empresas internacionales, gobiernos y políticos, desató la ejecución de obras colosales de muy alto costo monetario y ambiental para el país, sin que las mismas hayan llegado a su conclusión. Acá se evidencia la falta de planificación y estadísticas desde hace varias décadas, donde son “los políticos” los que dicen que obra y cuando se debe hacer, pensando para ello en provechos electorales, por lo que obras de largo aliento, que requieren períodos de ejecución superiores a los lapsos electorales, se dejan a un lado.
El ejemplo más importante que se debe citar es el ferrocarril de los llanos, otorgado a una empresa de origen chino, la cual logró construir un extenso terraplén y ciertas obras asociadas a lo largo de centenares de kilómetros en los llanos centrales.
Esta obra, inconclusa e innecesaria, con graves intervenciones al ambiente, carente de un plan de negocios claro, dejó un panorama de desolación y desertificación a su paso gracias, entre otras cosas, a la carrera por la compra de material de préstamo que desencadenó que muchos productores vieran una forma de ingreso rápida que les permitiría palear por un tiempo la profunda crisis agrícola en la región. Sacrificio que sin lugar a dudas no dejó ningún resultado positivo, al contrario se profundizó la crisis al haber incentivado el cambio de uso de la tierra, se generaron daños importantes en toda la carretera Troncal 13 sin ninguna reversión, el terraplén ejecutado a un costo incalculable se encuentra en un rápido proceso de deterioro y lo que es peor aún se violentó la institucionalidad técnica y jurídica de la autoridad ambiental, sometiéndola a temas políticos e intereses económicos.
Se suman a esta lista obras como el ferrocarril Cagua-San Fernando de Apure y Las Mercedes-Cabruta, este último con el innecesario tercer puente mixto sobre el Orinoco, obras que en conjunto sobre pasan los 20.000 millones de dólares de inversión, sobre la cual especialistas han recomendado que no se concluyan y se dé por perdido lo ejecutado, pues concluir este elefante blanco dilapidaría ingentes recursos.
Similares características de no planificación y despilfarro presenta el estudio del proyecto del ferrocarril Caracas-La Guaira-Anare-Guatire, el cual una vez presentado dejó notar que carecía de valor técnico, únicamente adornado por impactantes videos presentados al gobierno en el que se veían como corrían los trenes.
Otro urticante caso de capricho político fue la construcción del gigantesco urbanismo desarrollado en los topos de los cerros al oeste de la Autopista Caracas-La Guaira, del cual se desconoce su estado.
Una última muestra de ingeniería orate desarrollada por subordinados del gobierno y jefes de instituciones encargadas de ejecución de obras en discordancia de planes macro e intereses comunes, es el cambio hecho al proyecto de la llamada “Variante Kempis”. Con la finalidad de no construir un pequeño túnel de 1.000 m de largo y 200.000 m3 de excavación en buena roca, sumado a los 2,800.000 m3 de movimiento de tierras estimado, para no sobre pasar la pendiente del 4,5%, prefirieron modificar totalmente el proyecto, pasando por encima de la fila (400 m adicionales de altura), requiriendo 10 millones de m3 de movimiento de tierra, más cuatro viaductos que suman 1.000 m de largo, destruyendo totalmente el valle de la Qda. Urusa, que no tenía afectación alguna, contraria al valle de la Qda. Kempis, ya afectado desde hace tiempo por deforestaciones hechas para conucos.
El momento de crisis ambiental en el país se viene sintiendo desde hace varios años. Como se comentó, no han existido planes de compromiso a largo plazo, metas de cumplimiento a nivel de magnitudes de mejoramiento de estándares, emisiones, vertidos, deforestación, mal uso del suelo, optimización de servicios, mejoramiento de la calidad del agua potable, entre otros.
En resumen, se puede determinar que se ha caído en un letal letargo que se ha acentuado por la sobreexplotación de recursos, la impunidad, el desconocimiento, el descontrol, la falta de respeto a las autoridades, la vergonzosa politización de los efectos ejercidos sobre el medio y su adjudicación a modelos económicos, así como el aumento exponencial de actividades responsables de incrementar diversos tipo de riesgos ambientales y sanitarios. Todo ello maquillado dentro de una política antrópica y errática que reproduce algo que llaman logros y metas en el más reciente documento consignado por nuestro país ante la Cumbre del Cambio Climático de París COP21. Mediante el uso de lineamientos ambiguos tras fachadas de una inverosímil fantasía de tintas iridiscentes, vacías y penosas, se evidencia la inexistencia en Venezuela de la más mínima lógica estadística en materia ambiental.
Los ajustes y tiempos de cambio deben comenzar por la modernización del marco legal y su adaptación a nuevos estándares, tecnologías y compromisos internacionales, al llamado a todas las instancias de la comunidad académica y científica al desarrollo de proyectos ambientales con apoyo económico y logístico de toda la estructura de gobierno, a la incorporación en el currículo educativo de temas ambientales desde la educación primaria, el incentivo a la protección del suelo y la ecología por parte de pequeños productores, la difusión por parte de medios nacionales de temas ambientales y de educación para el trabajo que involucren el cuidado del medio ambiente, la preservación de ecosistemas y el turismo, la regulación de industrias mineras y erradicación de la minería y la extracción forestal ilegal, la puesta en práctica de auditorías de cumplimiento de estándares ambientales existentes a todas las empresas del estado, industrias básicas, petrolera, logística y servicios, la importancia de la contraloría social en el tema ambiental, entre otras.
Para lograr todo lo anterior se deberá hacer una reconstitución de la institucionalidad a nivel ambiental, comenzando por el trabajo moral y el reanimo a los funcionarios de carrera a nivel nacional que los haga asumir el compromiso que conllevan con sus cargos, apoyar el resurgimiento de las instancias ambientales, la capacitación continua y la dotación.
Eduardo García
Baruta-Caracas