Gobernanza en las áreas protegidas de Venezuela. R. Castillo y V. Salas

GOBERNANZA DE LAS AREAS PROTEGIDAS EN VENEZUELA: QUÉ TENEMOS Y QUÉ NOS FALTA
Rodolfo Castillo
Viviana Salas
Asociación Civil BioParques
Palabras clave: Áreas Protegidas, Gobernanza, participación ciudadana, gestión
compartida, co-manejo
En el presente estudio se revisan los tipos de gobernanza existentes en el mundo
y se analiza su implementación o ausencia en Venezuela. Tradicionalmente, la
gestión de las AP en Venezuela ha sido una atribución del Gobierno Nacional,
pero a nivel mundial ha venido predominando una tendencia a diversificar las
formas de gobernanza de los sistemas de áreas protegidas (AP), mediante
mecanismos de gestión participativa, también conocidos con los nombres de
gestión compartida, co-manejo, co-gestión y co-administración. Estas formas de
gobernanza buscan otorgar legitimidad y establecer normas para la participación
de los actores de la sociedad civil (organizaciones de base comunitaria y
productiva, organizaciones no gubernamentales-ONG, organizaciones indígenas y
universidades) y gobiernos locales como gestores de las AP, teniendo cada uno
sus atribuciones específicas. Un caso único en la década de 1990 fue el convenio
para el manejo técnico del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare por parte de una
organización no gubernamental. Se tiene la existencia de ejemplos puntuales de
mecanismos de participación como las consultas públicas para los Planes de
Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), vigentes desde 1983, y más
recientemente en algunas AP se han establecido algunos mecanismos de gestión
participativa con comunidades indígenas y consejos comunales, en donde se
delegan aspectos del manejo o se discute públicamente sobre la gestión. Por otra
parte, también existen iniciativas puntuales de protección que no parten del
Gobierno Nacional, como las áreas de conservación en tierras de propiedad
privada, las áreas de conservación decretadas por los municipios y las reservas
ecológicas ubicadas en campus universitarios, los cuales hasta ahora carecen de
un sustento legal específico. En general, todavía no se han dado cambios
significativos en las estructuras, procesos y tradiciones del ejercicio del poder y la
consecuente toma de decisiones para las AP manejadas por el Gobierno Nacional.