En menos de tres lustros, el gobierno pasó de establecer como objetivo estratégico preservar la vida en el  planeta a suprimir el Ministerio del Ambiente en Venezuela en 2014.

Ahora bien, más del 80% del agua que se utiliza para el consumo humano en el arco andino costero es producida por 17 Parques Nacionales. Solo el Parque Nacional Sierra Nevada beneficia a más de 1.600 hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos fuera de sus linderos, y el Parque Nacional Canaima constituye la fuente de agua para producir 76% de la generación eléctrica que consume el país.
Sin embargo, la revisión de la memoria y cuenta del Ministerio del Ambiente  en los últimos años (2006-2013) pone en evidencia el despojo de contenido técnico de las políticas ambientales y su adecuación ideológica reforzadas por políticas sectoriales en  educación, comunicación, ciencia y tecnología.

Los Parques Nacionales son territorios que prestan bienes y servicios ambientales de uso directo e indirecto tales como captura y absorción de carbono y otros gases invernaderos,  protección de recursos hídricos, protección y uso sustentable de la diversidad biológica,  belleza escénica derivada de los excepcionales  paisajes naturales para  la promoción de turismo de naturaleza y observación de aves.
En efecto,  la Constitución de 1999 en sus artículos 127,128, 129 le otorga rango constitucional  al tema ambiental,  a la protección de los Parques Nacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica y  la ordenación del  territorio.Asimismo, en 2007, se aprueba la Ley Orgánica del Ambientey en  2012, en el plan de la patria, segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación2013-2019 en el cual se establece como el quinto de los grandes objetivos históricos preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.
Estos antecedentes generaron expectativas en relación a la gestión institucional. De la revisión  de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Ambiente (2006- 2013), llama la atención  que, en lugar de encontrar indicadores acordes con los enunciados del plan de la patria, muestra resultados más bien precarios y denotan la poca importancia que es atribuida a la misión del Instituto y al sector ambiente en general.

Un ejemplo que ilustra la poca importancia que se le otorga a la materia ambiental es la gran fragilidad institucional que presenta  Inparques por la reducción y el abandono de sus funciones. Por ejemplo,  en el pasado, uno de los programas que realizaba el Instituto era el referido  al asesoramiento, capacitación y orientación a los pequeños productores ubicados en los parques nacionales andinos en cuanto al uso de pesticidas  y la aplicación de medidas correctivas,
Preventivas y de mitigación  a través del uso de  sustitutos de estos productos, pues no podemos olvidar que en los parques nacionales ubicados en el arco andino se encuentran las nacientes de agua que alimentan los embalses de agua de la región  para el consumo humano y, por otra parte, que Venezuela es signataria del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes ratificado en Gaceta Oficial el 31-01-2005 N° 38098.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el no cumplimiento de los convenios internacionales suscritos convierte a Venezuela en un Estado  incumplidor de los derechos ambientales que forman parte de los derechos humanos.

Mientras la realidad demanda con urgencia  la solución de los problemas ambientales,  la relevancia  que le otorga el sector oficial a la materia ambiental pareciera que no fluye en la misma dirección.

Cuando  salvar el planeta sirve de escudo para hacer lo contrario
Así, en septiembre de 2014 se decreta la supresión del Ministerio del Ambiente  el cual se fusiona con el Ministerio de Vivienda y Habitat y se crea el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (Mppehv).

La revisión de la información en la Memoria y Cuenta  pone en tela de juicio  lo que se espera  en el ámbito ambiental desde el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. Es indudable que el discurso cargado de principios relacionados con la gestión ambiental para anunciar el nuevo Ministerio de Ecosocialismo resulta tranquilizador para algunos públicos y, por otra parte, genera entusiasmo en ciertas audiencias. Sin embargo,  el uso de estos elementos retóricos pareciera que responde más a una estrategia comunicacional para posicionar una idea. Todo parece indicar que es un  recurso fundamentalmente semántico.
Así por ejemplo, supeditar el Ministerio del Ambiente al de la Vivienda y Hábitat es subordinar  al ente que regula por debajo del  ente  que debe ser regulado. Esta situación resulta un despropósito.  Las acciones de este Ministerio de Vivienda y Hábitat están sujetas a permisos y regulaciones ambientales por parte del Ministerio del Ambiente. A partir de la aprobación del nuevo Ministerio, la pregunta obligada es: ¿quién  aprueba?, ¿quién controla? y ¿a quién?
A diferencia de lo que sucede en otros sectores, el deterioro ambiental es de imposible o muy difícil recuperación y compromete el futuro de nuestra colectividad. Los procesos son graduales y acumulativos. Estudios realizados demuestran  que muchas veces su presencia pasa desapercibida.  Cuando se manifiestan  es porque ya son irreversibles.
Por lo tanto, es necesario evitar que  los problemas ambientales deriven en situaciones críticas. Para ello se requiere un esfuerzo sostenido de protección al medio ambiente y un decidido proceso de fortalecimiento institucional, de centros de investigación, de  formación de recursos humanos, de registro y documentación de procesos. En la transición hacia el Ecosocialismo,  las preguntas obligadas son: ¿cuál es el organismo encargado de ejecutar estos programas?, ¿quién se está ocupando de realizar las mediciones, el seguimiento y control?, ¿quién lleva el registro de la contabilidad ambiental?
En fecha reciente los medios de comunicación publicaron el desmantelamiento de 269 campamentos en el Parque Nacional Canaima dedicados a la minería ilegal. (El Universal 16-12-14)  Es una información importante.  De allí los programas de vigilancia, seguimiento y control permanentes. La detección de actividades ilegales  en ciertas áreas de los parques nacionales fronterizos tales como hospedaje  de grupos irregulares, actividades de narcotráfico, minería ilegal, dio origen a un programa conjunto  con la participación de todas las instituciones con responsabilidad en el tema y con competencia en la materia.  Quizás habría que preguntarse, ¿cuánto tiempo puede tomar la instalación  de 269 campamentos ilegales?, ¿qué resultados arrojan las mediciones de calidad de agua en esos ecosistemas?
Como es ampliamente conocido, la hegemonía comunicacional se la ha reservado el Estado, una hegemonía que ha privilegiado lo ideológico sobre la educación y que al igual que el plan de la patria, generó expectativas. La ley de comunicaciones planteaba entre otros propósitos asegurar el libre flujo de información para la formación ciudadana. La lectura que podía hacerse al anuncio era la promesa de contar con un mecanismo de divulgación institucional y educación ambiental para el fomento de conductas positivas en la relación parque-ciudadano, entre otros temas centrales.Pero lo que se esperaba no ocurrió.

Ideologizar
El informe de la memoria y cuenta de Inparques señala que uno  de los obstáculos que impidió alcanzar las metas en el  período analizado se debe al hecho de no contar con el  recurso humano con el conocimiento técnico que se requería para la ejecución de los programas. Sin embargo, al indagar sobre los programas de educación ambiental que desarrolla Inparques en la actualidad,  encontramos que parte de las actividades están dirigidas a la formación  del Frente Francisco de Miranda. De comprobarse esta información, corremos el riesgo de desdibujar el desempeño de aquellos técnicos o profesionales formados en esa área, porque no habría un énfasis en los objetivos,  en los propósitos de esa formación  y,  por tanto,  podríamos caer en una distorsión de la esencia de esa profesión. Si no damos con el recurso humano adecuado para la ejecución de  proyectos  dirigidos a la protección del medio ambiente,  no podemos garantizar el resultado esperado.

De modo que habría que preguntarse lo siguiente: mientras el Instituto dedica esfuerzo en el proceso de ideologización, ¿quién se ocupa de continuar con las iniciativas de prevención en beneficio de las comunidades relacionadas con los parques?
Por lo tanto, los resultados que se esperan del recién creado Ministerio en lo que se refiere al tema ambiental y a la protección y conservación de los recursos naturales generan suspicacia a la luz de lo ocurrido recientemente en relación al nombramiento de los cargos del Poder Ciudadano: para realizar el nombramiento se utilizóun procedimiento paralelo a la Constitución.  Si las atribuciones fijadas por Ley  tienen como propósito velar por los derechos ciudadanos y la de ejercer un contrapeso en la actuación del estado, ¿qué pueden esperar los ciudadanos en materia de defensa de derechos humanos incluidos los derechos ambientales ante la concentración de poder de estos organismos?
Por eso resulta preocupante la supresión del IVIC así como el cercenamiento del presupuesto  a las universidades, que limita la actividad de  los centros de investigación  con mayor solidez y experiencia  en el país. De la misma manera en un país donde el Banco Central dejó de publicar los indicadores económicos, la inexistencia de indicadores ambientales cada vez es más evidente.
En resumen, lo que se pone en cuestionamiento  es un estilo general de gestión  irrespetuosa de las instituciones,  de la Constitución y de casi todas las leyes que generan obligaciones al  gobierno.Entonces, ¿qué podemos esperar en materia ambiental? En este orden de ideas,  disertar sobre Ecosocialismo  ahora es como  hablar de la defensa de la libertad  y la soberanía nacional. Se dice en forma proyectiva para hacer todo lo contrario.
Sin profesionalización no hay gestión ambiental
Todo parece indicar que ni la formulación de grandes objetivos estratégicos a escala  planetaria,  ni el despliegue comunicacional del Ecosocialismo van a solucionar  los problemas y los asuntos pendientes en materia ambiental. Todo lo contrario, la inacción los ha agravado. Sin la autonomía de los poderes públicos, sin los recursos humanos calificados, las iniciativas en materia de gestión ambiental no van a funcionar.
Por consiguiente, hay que crear nuevas bases  de credibilidad sobre al menos puntos  concretos, porque la credibilidad basada solamente  en valores y enunciados ya no existe, no es suficiente, no es creíble y menos aún sostenible.
De la misma manera, el rango constitucional  que otorga la nueva carta magna al ambiente es una oportunidad para avanzar en la atención de las tareas urgentes en el sector ambiente y específicamente en el sistema de parques nacionales. Es imperativo poner en marcha un plan de acción  dirigido a la atención de los problemas por resolver, razón  por la cual se requiere contar con  instituciones fortalecidas y recursos humanos formados, pues de  ellos esperamos el aporte del conocimiento para   la toma de decisiones que apunten a la solución de los problemas, puesto que estos son multifactoriales y extremadamente complejos.
La evaluación  de las políticas ambientales es en sí misma una iniciativa para la defensa y protección de toda forma de vida; por lo tanto, la  evaluación de las políticas públicas ambientales, a partir de una amplia consulta con diversos sectores, puede significar el punto de partida para la construcción de una visión compartida con miras a formar los consensos necesarios para el diseño de modelos de gestión sustentable de los territorios definidos como Parques Nacionales.

Carmen Cecilia Castillo R.
Bióloga. Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable
Expresidenta de Inparques 2000-2004