En el año 2015, antes de la realización de la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático donde se aprobó el Acuerdo de París, los países tenían el compromiso de entregar las Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDC por sus siglas en inglés) para la lucha contra el cambio climático y sus efectos.
Dicho documento debía ser presentado antes de la Cumbre de París, pero la representación de Venezuela se reservó “el derecho a presentar su plan nacional de reducción de emisión de gases de efecto invernadero” a los resultados de las discusiones y terminó entregando sus INDC el último día de la COP21, solo cuando el acuerdo había sido aprobado. Fue en ese momento cuando se supo de su contenido ya que no fue presentado o discutido con ningún sector distinto al gobierno.
Luego del Acuerdo de París, que Venezuela hizo Ley de la República, firmó en Naciones Unidas en 2016 y ratificó en 2017, la contribución “prevista” pasa a ser la “Primera Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos” (o NDC, por sus siglas en inglés). La versión disponible se encuentra en la página de la Convención y es de 2017.
Luego de revisar, página a página ambos documentos, el de 2015 y 2017, la diferencia es que el último incluye un párrafo y modifica otro; sin ningún dato o aporte significativo. Así, ambos documentos son, esencialmente, iguales.
Cuando se conocieron las INDC, publicamos en el Portal de Desarrollo Sustentable, los análisis de varios especialistas y estos daban cuenta de una serie de críticas que no fueron consideradas, y constituyen debilidades en la oferta del Estado venezolano como compromiso para luchar contra el cambio climático, y esas observaciones se mantienen en las NDC de 2017.
En esencia, las NDC de Venezuela no parten de un inventario actualizado de emisiones (el último se realizó en 2007), y son 23 páginas de “Acciones y Programas” donde no se cuantifican la contribución de cada una a la reducción de los gases de efecto invernadero. Incluso, no hay que ser experto para entender que muchas son intranscendentes para los fines deseados.
A partir de información del Banco Mundial, en las NDC el gobierno de Venezuela establece que “el Plan Nacional de Mitigación apuntará a la reducción de las emisiones del país en al menos un 20% para 2030 en relación al escenario inercial, entendido este como un escenario hipotético en el cual no se implementa el plan”. No está claro de dónde surgen esos datos que constituye tan importante punto de partida y norte.
Pero este cuento no se acaba, porque muchas cosas han pasado o dejado de pasar en Venezuela que inciden en su compromiso con el cambio climático. Por ejemplo, nuestro país no cuenta con un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, base lógica y fundamental de cualquier país para demostrar real interés en abordar el problema.
En diciembre de 2017 se publicó la Segunda Comunicación sobre Cambio Climático, doce años después de haberse publicado la Primera, utilizando datos de 2010. No hubo para su elaboración un proceso de consulta amplia que involucrara a investigadores de universidades nacionales ni miembros de organizaciones no gubernamentales. Es anecdótico, pero ni siquiera fuimos invitados a la presentación.
Esa situación, se desarrolla adicionalmente en un país que desde noviembre de 2017 vive un proceso de hiperinflación, y simultáneamente su producción de petróleo, principal fuente de ingresos, se redujo de poco más de 3 millones de barriles en noviembre de 2017 a 740 mil en la actualidad, mientras se despilfarra la gasolina, que aún es la más barata del mundo. En marzo de 2019, al menos por 32 horas, todo el país se paralizó como consecuencia de una falla eléctrica generalizada, y hasta la fecha en casi todo el territorio existen restricciones o carencias del servicio.
Además, desde 2015, Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja, reconocida por organismos internacionales que “a diferencia de las crisis humanitarias que vienen determinadas por desastres naturales o conflictos armados, las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político. Se trata de crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente; que generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.
Lo anterior se ha traducido en altos niveles de población en pobreza, donde el salario mínimo en septiembre de 2019 es escasamente 2 dólares, donde existen graves problemas en temas de alimentación, salud, acceso a servicios básicos, junto a un deterioro de todo el aparato productivo y del sistema de transporte público y privado.
En tema de cambio climático, vemos cómo el gobierno de Venezuela ha firmado todo pero no ha cumplido con los compromisos adquiridos ante el mundo por ser país signatario de la Convención, despreciando a amplios sectores técnicos y de sociedad civil. Ahora, además, carece de recursos para enfocarse en la atención del tema.
Algún sarcástico podría finalizar este cuento así: Venezuela está contribuyendo a combatir el cambio climático y para ello ha disminuido su producción de petróleo, su población consume cada día menos carne, la gente camina más y hay menos vehículos circulando, además ha disminuido el consumo eléctrico. Pero no es adecuado hacerlo, porque alguien podría creer que son logros para llevar a la Conferencia de las Partes 25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Alejandro Luy
18 de septiembre de 2019