Elaborado por: Geógrafo Jorge Luis Padrón en representación de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai.
En 2017 la situación del derecho a un ambiente sano no fue muy distinta al año anterior, sólo que en este lapso la gerencia del organismo rector del ambiente ha estado directamente bajo mando militar así como varios entes públicos tales como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), entre otros; hecho que no ha detenido la caída vertiginosa en los últimos años de la calidad de los servicios que suministran a la población, como el agua potable y la electricidad.
Más allá de las cifras y obras que se recogen en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), la falta de agua por lapsos prolongados en Venezuela es inocultable, y ha generado molestias, denuncias y repudio nacional.
Hay asuntos ambientales que en el periodo analizado tienen un saldo positivo, como el derecho de los ciudadanos a tener un aire limpio y no tener que sufrir de tráfico automotriz en cuanto al estrés a la hora de ir al trabajo, a la calle y regresar a la casa. Pero esto no es el resultado de acciones planificadas del Estado, sino producto de la crisis econó- mica e hiperinflación imperantes, que vienen ocasionando la paralización de un porcentaje alto del parque automotor. Eso no significa, por otro lado, que se haya detenido la generación de gases de efecto invernadero, ya que Venezuela conserva el cuarto lugar en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en América Latina y el Caribe, sin duda a causa de las principales fuentes existentes en los estados Monagas, Anzoátegui y Zulia, la industria de hidrocarburos, sin dejar fuera los mechurrios.
En cambio sí hay un avance positivo en el control de los gases que destruyen la capa de ozono, gracias a la sinergia entre el Estado y las empresas del ramo de refrigeración y otras industrias vinculadas.
En cuanto al panorama del sur del territorio en el estado Bolívar, el plan denominado Arco Minero del Orinoco sigue avanzando, no sin obstáculos. Es poco lo cumplido de los anuncios del presidente Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con la activación de empresas mixtas mineras y las medidas para mitigar el impacto ambiental. Lo que sí se ha desarrollado es la minería que está fuera del marco legal ambiental y minero, en un contexto de anarquía e inseguridad general con la indulgencia del Estado, que no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Guayana, sino también las áreas protegidas en el estado Bolívar. Si bien en este año se aprobó la creación del Parque Nacional Caura, que es una decisión plausible, también puede ser un “saludo a la bandera” si no hay una gestión real de conservación de sus ecosistemas. De lo observado en 2017 en el sur, donde se han presentado tantas graves situaciones sociales y ambientales derivadas de la actividad extractivista detonada, son preocupantes las posibles intervenciones mineras en el Parque Nacional Canaima, que de comprobarse constituirían un crimen ecológico orquestado en el que se utiliza de base el aeropuerto de Ciudad Bolívar.
Esto pondría en clasificación de riesgo ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nuestro único sitio natural Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la evaluación del año se debe contemplar el valioso, aunque restringido, aporte de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales, así como de investigadores de las universidades que a pesar de las dificultades del país avanzaron en proyectos en favor de la fauna, la biodiversidad, en manejo de residuos sólidos y reciclaje, y en desarrollo sostenible junto a comunidades rurales e indígenas.
Descargue el Capítulo Derecho a un Ambiente Sano del Informe Anual de PROVEA 2017