Una perspectiva desde la sociedad civil latinoamericana. Climate Action Networw Latinoamérica

Sharm el Sheik – Egipto.  Nos acercamos al fin de la COP27, y tras varios días de lo que parecieran monólogos entre los países es el momento de acelerar, potenciar estas negociaciones, para asegurar que el cierre de esta tenga un impacto significativo para América Latina. 

No ha sido un secreto que la COP27 se ha desarrollado en un contexto social y político global adverso, el cual ha influido de forma negativa en los procesos multilaterales de negociaciones, incluida la CMNUCC; donde es imprescindible recobrar la confianza entre las partes, la cual es necesaria para propiciar la adopción de medidas que estén acorde con la escala de la emergencia climática y medio ambiental global. 

Los grandes sin sabores de esta cumbre climática para la sociedad civil ha sido ver a Latinoamérica  fragmentada y sin una posición unificada, y aunque conforme avanza las negociaciones parece llegarse a algunos puntos de encuentro no es suficiente, es necesario tener una región unida, con un posicionamiento fuerte sobre las exigencias que se han planteado, como medidas de protección para las comunidades del sur global que somos las que sufrimos de forma grave los efectos del cambio climático. 

Uno de los puntos de inflexión ha sido daños y pérdidas, hasta hace una semana el posicionamiento en la agenda está focalizado en negociar un mecanismo de financiamiento para afrontar daños y pérdidas y lucha tras lucha la discusión ha llevado a exigir desde Latinoamérica y el sur global un fondo para pérdidas y daños, justo, con enfoque de Derechos humanos y de carácter inmediato. 

Adriana Vasquez de La Ruta del Clima indica que “Latinoamérica y el sur global estamos sufriendo todos los días los impactos del cambio climático, nuestras comunidades se están viendo desplazadas, empobrecidas y ven sus posibilidades de desarrollo cada vez más limitadas. Exigimos una respuesta inmediata que nos de acceso a recursos para una reconstrucción sostenible“. 

Asimismo, el artículo 6 ha avanzado de forma pausada y desacelerada en los tres principales componentes, por un lado surge la duda de si la propuesta de los mercados de carbono es sincera o si deliberadamente se convertirá en un instrumento de contabilidad opaco que simplemente permite los malabarismos de números sin efectos reales en la reducción acelerada y adicional de emisiones.  

Por otra parte, la única alternativa de discusión a la opción de los mercados de carbono del artículo 6.8, sufre de un enorme problema: a lo largo de 6 años de negociación en que los países que lo han impulsado, ni siquiera sus principales promotores, entre los que está Bolivia, han podido concretar de qué tipo de acciones consistirá este enfoque desvinculado del mercado de Carbono y algunos sospechan de lo que pudiera contener ese caballito de troya. 

Lo cierto es que el nivel de complejidad del sistema de registro y seguimiento siendo discutido para viabilizar el mercado de carbono es tal que solo ese detalle empieza a convertir en inviable, sin entrar en problemas más serios referidos a la inclusión de aperturas a la geoingeniería y el relego de las salvaguardas de derechos humanos y ambientales a los estados que ocurre entre sus párrafos.

“Lo que parece quedar más claro en el artículo 6, es que no tiene sentido poner todos los huevos en la canasta del mercado, sino también sería inteligente poner varios en la canasta de las alternativas que promuevan la gestión sostenible de los ecosistemas en consonancia con pueblos indígenas y trabajen en la transformación de los hábitos y comercio global de commodities y otros sectores de la economía global“, comentó Marcos Nordgren Ballivián, Técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. 

Crear mecanismo de financiamiento para afrontar daños y pérdidas es la medida del éxito para COP27. Esta cumbre debe cerrar reflejando la justicia climática y dando un salto transformativo hacia la implementación de la acción climática.

Acerca de World’s Youth for Climate Justice

Juventud del Mundo por la Justicia Climática (World’s Youth for Climate Justice) es una iniciativa respaldada por el gobierno de Vanuatu y por el grupo de Estudiante del Pacífico, con el objetivo de contribuir a la integración de un enfoque basado en los derechos humanos en el abordaje del cambio climático y sus consecuencias. 

El objetivo de la iniciativa es obtener una Opinión Consultiva por parte de la CIJ, para que se pronuncie sobre cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y cambio climático. Este pronunciamiento de la Corte podría producir un significativo avance en el desarrollo de la equidad intergeneracional. Para poder llegar a que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie, se necesita que la Asamblea General de las Naciones Unidas vote, en su mayoría simple, a favor de la iniciativa. 

En esta campaña los estados de Latino América, exceptuando a Costa Rica, son los que menos se han comprometido a tomar acción para la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos frente las consecuencias del cambio climático, no obstante, la región Latino Americana sea una de las más afectadas por el cambio climático. Es importante que no solamente las organizaciones de Sociedad Civil Latino Americana apoyen este movimiento mundial para la justicia climática y la equidad intergeneracional, sino que también los gobiernos se comprometan a tomar acción y a votar de manera favorable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El texto oficial de la Resolución será publicado por parte del gobierno de Vanuatu el viernes 18 durante la COP27.