Este junio 2022 finalizó con la alerta de la perturbación meteorológica Bonnie, considerada por los especialistas como amenaza potencial especialmente en las costas caribeñas de Venezuela, Colombia y Centro América. Los pronósticos, sobre los impactos reales en todos los países estuvieron muy por debajo de las amenazas potenciales previstas. Sin embargo, el momento es propicio para recordar que este es un año Niña, por lo que el país sigue estando expuesto a los riesgos de lluvias intensas. Las precipitaciones han estado por encima de los promedios históricos especialmente en el Centro y Occidente del país. Particularmente preocupantes han sido los efectos de inundaciones en los estados andinos y en el Zulia.
En este sentido vale la pena recordar que Venezuela hace parte del l Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas – el primer acuerdo que se suscribe después de la aprobación de la Agenda 2030 ONU- que ofrece a los Estados miembros una serie de acciones concretas que se pueden para minimizar el riesgo de desastres socio-ambientales.
La ONU ha establecido los siguientes principios rectores para la reducción del riesgo:
“a) Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regional, subregional, transfronteriza y bilateral. La reducción del riesgo de desastres es un problema común de todos los Estados y la medida en que los países en desarrollo puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas nacionales de reducción del riesgo de desastres, en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades, puede mejorar aún más por medio de la cooperación internacional sostenible;
b) Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, los sectores y los actores nacionales pertinentes, como corresponda según sus circunstancias y sistemas de gobernanza nacionales;
c) La gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación;
d) La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. Deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. En este contexto, debería prestarse especial atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de los ciudadanos” (Disponible en https://sites.google.com/site/marcodeacciondesendaidaab/3-desarollo/c-principios-rectores )
Este recordatorio es propicio para sugerir la actualización de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, aprobada hace más de 12 años (Gaceta Oficial Nº 39.095 del 9 de enero de 2009), para así alinearnos con los principios de cooperación mundial, regional y binacional, subsidiariedad gobierno central-gobiernos locales, participación social plena, enunciados clave que se desprenden del Marco Sendai, que el país ratificó en el año 2019.