El Decreto y sus consecuencias para el desarrollo sostenible de Venezuela fue analizado entre expertos de la Facultad de Ciencias de la UCV. El auditorio emplazó a los tomadores de decisiones para que se derogue el Decreto, en defensa de uno de los lugares más antiguos del mundo, el Escudo Guayanés
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Alba Marina Gutiérrez*
@Albamarinavzla
El Motor Minero, uno de los 14 motores anunciados por el Presidente Nicolás Maduro, -a su juicio- “para fortalecer el aparato productivo del país”, encendió la alerta en la Facultad de Ciencias de la UCV.
Para analizar dicha proclama presidencial convocaron al ciclo de charlas divulgativas “Macroproyecto Arco Minero y sus repercusiones ambientales”. La cita llenó el Auditorio Tobías Lasser del campus universitario.
Científicos, asesores técnicos del parlamento venezolano, estudiantes, funcionarios públicos, ambientalistas y especialistas de las áreas: Educación; Geología; Antropología; Ciencias de la Tierra; Ecología Tropical; Ecología Social; Ingeniería de Mecánica de Fluidos; Zoología; Desarrollo Sostenible; Cambio Climático; Procesos Socioambientales y Comunicación Social, entre otros; hurgaron con lupa (los detalles) y con largavista (el contexto) del Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, según Gaceta Oficial 40.855.
Con las luces de los expertos quedaron en evidencia los impactos sociales, económicos y ambientales; así como el marco legal que viola dicho decreto.
El auditorio consensuó sobre un punto, que por obvio pasa inadvertido: Toda actividad minera, de exploración y explotación de yacimientos es una práctica que tiene un enorme impacto negativo en el ambiente y en la población que habita en esas áreas. En consecuencia, no existe práctica minera que sea ambientalmente sustentable.
Otro acuerdo suscitado entre los asistentes: Para reducir y mitigar dicho impacto se requieren estudios previos y equipo multidisciplinario. Este binomio orienta sobre las acciones para coadyuvar en la resiliencia (recuperación y volver a la “normalidad”) de la biodiversidad: Población, territorio, animales, plantas, cuencas y aire.
La vocera del evento, investigadora Estrella Villamizar dijo a Quinto Día: “Desde que supimos que este Decreto abre la posibilidad de una explotación masiva en la zona al sur del Orinoco, nos pareció un asunto de emergencia para abordar. Comenzamos a organizar algunas actividades para divulgar e informar sobre lo que está pasando; y porque pensamos que el tema es poco conocido. Por eso la población no ve la gravedad del asunto. Fíjate que no asistió la comunidad estudiantil”.
El evento estuvo enmarcado en las Jornadas de Investigación y Extensión 2016, y tuvo un enfoque multidimensional que incluyó el componente ético.
María Eugenia Grillet, del Instituto de Zoología Tropical (Izet) explicó los impactos sobre la salud. “Este es un tema que nos compete a todos los venezolanos. Es un plan para la nación que puede afectar muchísimo recursos importantes para el futuro del país, porque es un área muy extensa”.
Precisó que “al eliminar la cobertura vegetal de un suelo muy frágil como la Guayana, podemos estar estimulando especies nocivas para la salud como mosquitos transmisores de paludismo. Una enfermedad que está en aumento en el país, que combatimos en el pasado; lo que supone controlar la minería”.
Añadió, que Venezuela junto con Guyana y Haití son los únicos países con aumento de Malaria asociada con el cambio de uso de la tierra y la alteración de sus ecosistemas. “Es una ecuación nefasta: Malaria = minería + deforestación. El estado Bolívar está exportando Malaria a todo el país. Unos 56 mil casos a la fecha. Ya hay casos en Vargas. Una bajadita a la playa y traemos Malaria a Caracas”.
También subrayó que esto es un asunto de seguridad de Estado. “La sociedad civil debe exigir que el Gobierno -ante la minería- haga su papel como ente rector y controlador”.
#MaduroDerogaElDecretoYa
El marco legal y su alcance, fue expuesto por el doctor en Derecho Político Ambiental, profesor titular de la UCV, autor de las disposiciones ambientales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Luzardo.
En su discurso, destacó que están en juego “las últimas reservas de agua dulce no contaminadas del país y enormes reservas forestales”.
Aseguró que “este -impropiamente llamado- Arco Minero, puede convertirse en el mayor daño forestal del mundo, en un sacrificio trasgeneracional de las reservas de agua dulce de Venezuela”.
Arengó: “No podemos ofrecer a la minería unas 12 millones de hectáreas donde está lo más preciado del país, sus reservas de agua y biodiversidad, que debemos preservar para las presentes y futuras generaciones”.
Por otra parte, advirtió: “Este proyecto puede someter al país a una guerra civil minera. La Fuerza Armada lo sabe. Por eso es importante que le hagan ver al Gabinete de gobierno ese error inexcusable. No se puede hacer planificación estratégica destruyendo una cuenca estratégica como el Caroní, que abastece de agua a Venezuela porque alimenta la Represa del Guri que nos da electricidad”.
También invitó a conformar un “gran movimiento nacional” y emplazar a los tomadores de decisiones mediante las redes sociales. “Ese Decreto sería la destrucción de nuestra Arca de Noé. El Presidente no puede pasar a la historia como un presidente ecocida. Digámosle: ¡Maduro, deroga el decreto ya!”.
Arco Minero en datos
-Viola el Artículo 304 de la Constitución. También, la Ley Penal del Ambiente, Ley de Aguas, Ley de Bosques, convenios internacionales, Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, entre otras.
-El área seleccionada está al norte del estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Una superficie cercana a los 112 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional).
-El Decreto abarca parte del Amazonas y del Delta Amacuro (Región Guayana, capital Tucupita).
-Incluye cuatro zonas para la exploración, certificación y explotación: Sierra de Imataca, La Paragua y El Caura, cuenca del Caroní y Guanay.
-Reserva estimada en minerales: 7 mil toneladas entre oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, entre otros.
-Prevé concesiones para 150 empresas mineras (35 países).
-Algunas consecuencias socioambientales y pasivos ambientales: Malaria; deforestación; afectación de pueblos indígenas; contaminación de cuencas; desplazamiento o desaparición de especies endémicas; afectación del sistema eléctrico nacional; riesgo para disponer de agua potable; alteración del ciclo hidrológico del agua.
-Se carece de información oficial sobre estudios de impacto ambiental.