En la calle principal del Barrio Unión, en Puerto Ayacucho, tres locales con las cortinas metálicas bajadas e identificados con los carteles de ONAFIM (Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. Misión Piar), Proveeduría. Motor Minero, y Arco Minero del Orinoco; anuncian que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016 sin consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudio de impacto socio-ambiental; llegó al estado Amazonas. Un estado al sur de Venezuela en el que precisamente está prohibida la minería, en cualquiera de sus modalidades, por el decreto N° 269 del año 1989, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales.

La posible apertura de una oficina del Arco Minero del Orinoco expande el megaproyecto del estado Bolívar al estado Amazonas. Además, coincide con la preocupación que han compartido varios líderes indígenas, a quienes se les ha pedido que consulten a sus comunidades si estarían de acuerdo en aprobar la minería artesanal en los territorios que habitan ancestralmente.

Precisamente, el 12 de octubre de 2018 el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, mencionó la posibilidad de pedir permiso y hacer consulta a las comunidades indígenas para la explotación minera y que se revirtiera la ganancia en las comunidades indígenas. Con esta consulta sobre minería artesanal, el gobernador pretende ordenar la minería ilegal, obviando que las organizaciones indígenas han sido muy claras en que no quieren minería en sus territorios, y que la practica de esta actividad depredadora ya ha traído consecuencias irreversibles en los ecosistemas y en la organización social de estos pueblos.

Los indígenas reiteran que su principal demanda es la demarcación y titulación de sus territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15 % de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad.

“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”[i], dijo Gregorio Mirabal, quien actualmente es el coordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Lo anterior se enmarca en un contexto de violencia generalizada y disputas por los territorios donde se practica minería en Amazonas. El 4 de noviembre de 2018 hubo un enfrentamiento entre un grupo armado irregular procedente de Colombia, que algunos habitantes identifican con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en la comunidad de Picatonal, ubicada en el eje carretero norte a treinta minutos de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.

Los amazonenses siempre han denunciado que ambos grupos tienen acuerdos de convivencia, por eso mientras se aclaran los verdaderos motivos del enfrentamiento, nos preguntamos si este evento guarda relación con una disputa territorial por la entrada de transnacionales convocadas en el marco del decreto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Los chinos y el Arco Minero del Orinoco en Bolívar (y Amazonas)

En un reciente informe del Examen Periódico Universal titulado “Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica por inversiones chinas”, se detalla el caso de Venezuela referido al Arco Minero del Orinoco, la información es proporcionada por la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA): “Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela se consolidaron con la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, la cual implicó la firma de un sin número de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros. En este contexto nació el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano, cuyo fin es brindar financiamiento, principalmente a través del Banco de Desarrollo de China (BDC), a proyectos en Venezuela en las áreas de infraestructura, energía, minería, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de dicho país. Es en el marco de este fondo que la República Bolivariana de Venezuela crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’ para exploración y explotación minera a gran escala”[ii].

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