Este 31 de enero, académicos, ONG, defensores de derechos humanos,  representantes de las comunidades  y de gobiernos locales se encontraron en un espacio para dar a conocer las acciones y respuestas que están dando para garantizar el derecho al agua.

La crisis climática es un desafío global que afecta a todos los países en el mundo. Se deben tomar acciones urgentes en todos los niveles, por parte de empresas, gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente las mujeres y los jóvenes, para proteger nuestro planeta y el futuro que compartimos. Es parte del mandato del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 y es un llamado que hace la ONU permanentemente. 

El Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) y la Fundación Tierra Viva, en alianza con Cedisuc,  Nuevo Amanecer y Uniandes, bajo el cofinanciamiento de la Unión Europea, desde hace tres años desarrollan en siete municipios del país el proyecto Acción Climática, Agua y Salud: Autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, entre cuyos objetivos está la instalación de cosechas de agua para beneficiar a escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. 

En el marco de ese trabajo, este 31 de enero se realizó el seminario Acción Climática, Agua y Salud: Autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, que contó con un nutrido grupo de panelistas de académicos, ONG y defensores de los derechos humanos, quienes durante más de seis horas mostraron experiencias, emprendimientos, investigaciones y demostraron que sí se trabajar  articuladamente y en alianzas se pueden ejecutar gestiones comunitarias de calidad y sostenibles en el tiempo.

Acceso y calidad 

El agua es un recurso indispensable para el óptimo desarrollo de las personas. Sin embargo, su difícil acceso y calidad limita el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

En Venezuela, específicamente, muchas poblaciones no cuentan con el servicio: deben acarrear (buscar en pipotes y pimpinas) y pagar cisternas. Su carencia se ha convertido en un problema colectivo. 

Por tanto, “la misma comunidad debe asumir no solo el rol de exigir un servicio de calidad, también el compromiso y contribuir con la gestión del suministro”, expresó el ingeniero Jesús Dugarte, coordinador nacional del Proyecto de Gestión Comunitaria de Acción Campesina, quien fue uno de los ponentes del seminario, quien contó que llevan adelante un plan para desarrollar 30 soluciones de agua que beneficiarán a cerca de 30 mil personas en 22 municipios del país.

Por su parte, el profesor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, expuso acerca de las alianzas de cooperación para la sostenibilidad ambiental, punto que coincidió con lo planteado por Dugarte, cuando hizo referencia a la gestión y a la organización comunitaria de una manera inclusiva.

Antonio De Lisio, coordinador técnico de Acción Climática, Agua y Salud mencionó que cuando se habla de agua no solo es el ODS número 6, también es el 3, 4, 5, 12, 14, 15 y 16. “También los mares, las islas, deben tener especial atención. Por eso la importancia de la educación en la agenda climática”. 

En esa misma onda, Elsi Yolima Arellano, del Observatorio Venezolano de los DDHH de las mujeres, núcleo Los Andes, expresó que las mujeres deben ser reconocidas como un elemento central en el abastecimiento, la gestión y producción del agua.

“Aplicar una perspectiva de género ayuda a las comunidades a distribuir mejor sus recursos”. 

Al respecto, Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de Provea, destacó el hecho de que el agua es un derecho y, por tanto, debe garantizarse y exigirse. Citó cinco puntos que marcan esta acción: 

• Suficiente y continua
• Saludable
• Aceptable
• Físicamente accesible
• Asequible. 

Y señaló que en el país hay madres que viven en sectores vulnerables que suben mil escalones acarreando agua, sin contar el costo monetario que implica pagar las cisternas en esos sectores.

“La Agenda 2030 establece el acceso al agua entre sus objetivos. Pero en Venezuela estamos atrasados en cuanto a las metas de sostenibilidad y distribución del agua potable”.

De hecho, Karenia Córdova, del Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, hizo referencia a que en el país se han abandonado las redes hidrológicas, “y eso hace muy difícil medir la intensidad de las variaciones climáticas y su efecto en la salud de la población”.

Jordana Ayala, gerente de Programas Socio Ambientales de la Fundación Tierra Viva, durante su participación, mencionó que ahora hay más cultura del agua, la gente quiere empoderarse de los procesos, hay personas que saben más de cómo administrar el recurso. «Pero tenemos como desafío que los comités (cuya creación es parte del proyecto), se consoliden.  Además, queremos que los ciudadanos entiendan que dar y gozar de este servicio, tiene un costo”.

Cosechas de agua 

Alejandro Luy, gerente general de Fundación Tierra Viva, habló del proyecto Acción climática, agua y salud y de cómo este fomenta el uso de la recolección de agua de lluvias, en localidades donde el suministro es irregular, para mejorar las condiciones sanitarias.

Este programa de Acción Climática, Agua y Salud, se planificó a cuatro años. “Ya está empezando el último. Tuvimos la limitación de que inició en febrero de 2020 un poco antes de la pandemia, entonces muchas de las actividades previstas no se pudieron hacer. El proyecto tiene como pilar fundamental establecer una relación entre las autoridades locales, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar específicamente el tema del agua, asociado con salud también”, completó Francine Jácome, directora de Invesp.

“Hemos desarrollado una serie de actividades con las alcaldías de los siete municipios foco y realizado una serie de eventos de capacitación y de formación en las distintas comunidades”, acotó.

El alcance de Acción Climática, Agua y Salud está en los municipios Andrés Bello (Táchira), Cruz Salmerón Acosta (Sucre),  El Hatillo (Miranda), Maneiro (Nueva Esparta), San Diego (Carabobo), Santa Rita (Zulia) y Tovar (Aragua).

“El impacto poblacional dependerá del municipio y de cómo benefician  las cosechas de agua a las comunidades, que es el fin de lo que queremos construir”, mencionó.

Las cosechas de agua es un proceso mediante el cual se recoge el agua de la lluvia a través de una superficie de captación y un tanque.

En la agenda 

Lo que resta del proyecto, dijo Jácome, se va a ejecutar entre febrero de este año y enero de 2024, período en el cual se van a multiplicar las actividades presenciales con las comunidades.

“Ya están instaladas las cosechas en Maneiro, en El Hatillo y en San Diego. En los otros cuatro municipios se está trabajando en la instalación y en la factibilidad técnica de los sitios”.

Sobre las experiencias ya en curso, Ligia Hernández, directora de la escuela Rafael Urdaneta, zona rural de El Hatillo, destacó que se están beneficiando más de 300 personas.

Javier Rodríguez, promotor del proyecto Aqua en Valencia, comentó que gracias a la organización comunitaria trabajan en torno a las consecuencias del recurso hídrico, la gestión del recurso y el manejo de la salud. 

Y Jhonatan Rodríguez, defensor de derechos humanos en Maneiro (Nueva Esparta),  resaltó que esta iniciativa representa una ventaja ante la fuerte sequía, pues en muchas zonas pasan entre 50 y 60 días sin agua.

Al finalizar el evento, Ginette Angulo, responsable de Programas y Proyectos de Cooperación, de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, aplaudió los avances expuestos en el seminario y destacó la participación de Invesp y Tierra Viva en la garantía del agua como un derecho humano.

Claves del seminario:

• Las alianzas ayudan al desarrollo de los programas de sustentabilidad ambiental.
• Inclusión. La participación de las mujeres en programas para el acceso al agua supera 80 %.
• Educación. Cada día hay más preparación y empoderamiento.
• Exigibilidad. El agua es un derecho humano y, por tanto, debe exigirse.