El golpe seco del hacha que despierta al señor Ricardo Maingón le hace temer lo peor. Las invasiones que han deforestado ilegalmente los alrededores desde 1994 han acelerado su marcha desde el año pasado.

Sabe que ese ruido implica un árbol menos, lo que amenaza el abastecimiento de agua de su comunidad, la urbanización El Castaño, al norte de Maracay, que se surte exclusivamente de las quebradas que bajan por las montañas que la rodean.

Maingón es un vecino proactivo. Es el director de gestión de la Asociación de Vecinos de la Urbanización El Castaño, en el extremo norte de la ciudad de Maracay y muy cerca del Parque Las Cocuizas, administrado por el Instituto Nacional de Parques (Inparques).

El 8 de junio le escribió una carta a Hernán Díaz, director regional del ente estatal con competencia ambiental, sobre las invasiones. La misiva llevaba las firmas de Ramón Pino, director de mantenimiento y Lorena Oropeza, del Comité de Ambiente de la organización vecinal. A los tres días recibieron una visita de una ingeniera, pero ninguna acción fue tomada a pesar de las promesas.

“Nos dijeron que los vehículos no tenían cauchos, aceite, repuestos, que no había personal”, contó Maingón desde la sede de la Asociación de Vecinos delante de varios periodistas locales.

Ofrecieron buscarlos, pero luego la excusa fue la falta de acompañamiento por la Guardia Nacional, que también tiene competencia en resguardo ambiental de áreas protegidas. Lo que le piden a las autoridades es permitirles hacer una presentación fotográfica, que incluye tomas realizadas con un dron para mostrar el avance desordenado e ilegal de las invasiones sobre el área natural, la mala disposición de los desechos y una segunda invasión.

Oropeza también teme la pérdida de la biodiversidad, un patrimonio biológico y paisajístico de la ciudad y el estado Aragua. El Henri Pittier aloja cientos de especies animales y vegetales, algunas únicas en el mundo, desde mamíferos e inmensos árboles hasta insectos y pequeños anfibios, más de una docena de ríos y un importante paso de aves migratorias, además de pueblos costeros donde anidan tortugas marinas y cultivos del cacao de Chuao, el único con denominación de origen certificado en el país.

El agua que sale por los grifos en El Castaño, proviene de las quebradas Cantagallo y La Mona por medio de un antiguo acueducto rural que los ha exceptuado de la escasez desde su fundación, cuando la Constructora Palmarito edificó las quintas.

Ahora temen que los obsoletos filtros instalados no puedan con las aguas negras de sus vecinos ni con el aumento de sedimentos por la pérdida de árboles en época de lluvia. “Ni siquiera imagino qué pasará en época de sequía”, apunta Oropeza.

Problema acumulado

Un artículo en el diario El Siglo de Maracay del 21 de octubre de 1994 ya alertaba la situación. La Sociedad Conservacionista de Aragua denunciaba que dos mil metros cuadrados habían sido talados por la familia Siso Febres enCantagallo, afectando incluso la naciente de un manantial.

Nada ha podido detener las nuevas invasiones y la extensión de las existentes, a pesar de las órdenes judiciales, inspecciones, artículos de prensa y reuniones vecinales de los siguientes años. Ni siquiera por el vertido de cloacas y escombros sobre el cauce para ganar terreno para más construcciones.

Esta invasión ya superó la Zona Protectora del Parque Nacional Henri Pittier, que colinda con la urbanización; ahora asciende por sus laderas. Por los momentos, treinta familias y una iglesia evangélica ocupan Cantagallo II, donde ya se conformó un consejo comunal para recibir las bolsas del Clap.

Antes también tuvieron que enfrentar una nueva deforestación. Óscar Antonio López, dueño de la parcela No. 41 de la urbanización, había decido ampliar ilegalmente los linderos de su propiedad cortando árboles, e incluso depositando escombros y palos sobre las cercanías de la zona protectora de la quebrada Palmarito, en la zona conocida como La Vaquera.

Vecinos sospechan de futuros planes de deforestación
Ante los reclamos, se escudaba en su cargo como teniente de la Aviación. Después de solicitar formalmente inspecciones a Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Girardot (Maracay y Choroní) durante 2006 y 2007, se logró la visita de la policía, Inparques y el entonces burgomaestre Coronel Humberto Prieto, finalmente se emitió una orden de demolición de las obras.

El documento, a pesar de precisar que López realmente tenía un cargo de maestro técnico y tener el sello de la Alcaldía, no se materializó. López ha vendido lotes, extendienso la invasión. Una década después, las dos invasiones siguen acrecentándose, así como la amenazas de conflictividad entre vecinos.

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