El extractivismo es un modelo que se ha extendido en toda Latinoamérica, y es necesario verlo en su complejidad porque los gobiernos y las corporaciones manejan la misma lógica desde México hasta Argentina. Venezuela no escapa de esto y al entender las causas estructurales del decreto 2.248, mejor conocido como la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016,  también podremos aproximarnos a las resistencias que los movimientos sociales vienen haciendo en otros países, aprender de ellas, para seguir aportando en  la nuestra. Estas reflexiones son el resultado de cuatro meses de estudio en un Seminario de Ecología Social y Ecología Política  organizado por los compañeros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Y no son más que un aporte para la discusión. Nada de lo que diré aquí es nuevo, pero parece que se nos olvida. Así el objetivo de esta serie de artículos es profundizar en las razones de por qué decimos #NoAlModeloExtractivista y #NoAlArcoMinerodelOrinoco.

 Minerva Vitti

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y habitantes de la zona.

En toda la historia de Venezuela nunca se había propuesto un proyecto de megaminería de tal magnitud y esto es significativo sobre todo para un país que en las últimas décadas ha basado su economía en la explotación del petróleo (que también ha traído sus desastres sociales y ambientales).

En el territorio donde se pretende ejecutar el megaproyecto existen conflictos de larga data, producto de la minería ilegal. Hay presencia de sindicatos, mafias, comerciantes, traficantes, grupos armados irregulares, militares, y personeros del gobierno que controlan la actividad minera. Y a su vez de población local,  indígenas, gente que ha migrado de las ciudades para sobrevivir con los pocos ingresos que les deja esta práctica, que también tienen sus contradicciones internas.

La falacia de ordenar con megaminería la minería ilegal

Con el decreto el gobierno pretende “ordenar” lo que sucede en el territorio. El debate de la pequeña minería (en algunos casos hasta mediana por el uso de dragas, motobombas, y otras maquinarias) no se ha dado y ahora se intenta solapar con la megaminería, dos practicas muy distintas desde el punto de vista técnico, de impactos socio-ambientales, hasta de los actores involucrados. El Arco Minero del Orinoco no tiene que ser una respuesta para estos mineros informales, especialmente en las zonas con vocación minera de los municipios Callao, Roscio y Sifontes, en el estado Bolívar.

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