Una amplia gama de actores en las economías de América Latina y el Caribe (ALC) están interesados en analizar el impacto potencial de las metas de mitigación que han asumido sus gobiernos en las Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDCs). Estos incluyen los bancos centrales (que manejan la política monetaria y cambiara); los ministerios encargados de hacienda, desarrollo económico, transporte, ambiente y comercio internacional; los gremios de los sectores productivos preocupados por cambios a sus costos de producción y competitividad1; y los sindicatos laborales preocupados por nueva reglamentación costosa que pueda afectar los niveles de salarios y empleo.
Ninguno de estos actores quiere verse puesto en desventaja económica por la nueva meta de mitigación. Cuando observan que otros países competidores han adoptado metas menos ambiciosas que las de su gobierno, el interés cambia a preocupación: por ejemplo, la propuesta de la nueva administración de EEUU de descartar su participación en el Acuerdo de París y abandonar sus metas preocupa a todo el planeta, porque afecta la competitividad y debilita el esfuerzo mundial de limitar el aumento en la temperatura media global a +2oC.
Este análisis compara las metas de las INDCs y demuestra que la mayoría de los gobiernos de la región ALC se han comprometido a metas 2030 ambiciosas, que los llevarían a niveles per cápita de GEI similares o menores que 5 tCO2e, el nivel indicado por PNUMA como necesario para lograr la estabilización global en +2°C (véase los gráficos 3 y 4). Los tres métodos de comparación utilizados, demuestran una variación significativa en los niveles de compromiso entre los gobiernos de la región (véase el cuadro 1).
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