Para Venezuela, país costero con más de 600 mil km2 de mar que le son propios y con cuencas hidrográficas de primera magnitud, la pesca, y más recientemente la acuicultura, fueron, hasta hace pocos años, piezas fundamentales del aparato productivo y lo deben seguir siendo en nuestro propósito de alcanzar niveles estratégicos para la soberanía y seguridad alimentarias.
La pesca y la acuicultura son esencialmente labores extractivas o de cría, pero que por su naturaleza constituyen un sector de alta complejidad que, más allá de cifras de captura, integra aspectos sociales, alimentarios, bioeconómicos, culturales y ambientales:
Dada esta complejidad, la promoción y desarrollo de la pesca y de la acuicultura deben ser abordados de manera sistémica y en procura de equilibrio eficiente entre tales aspectos.
Muy tardíamente, y con una gestión deficiente durante los últimos 15 años, el Gobierno declara reconocer la importancia del sector, al elevar su estructura administrativa a la escala de un Ministerio específico para la materia.
Mientras tanto y en oposición a ese equilibrio deseado que antes se menciona, que debería haber orientado la administración pesquera, se nos presenta más bien una realidad que puede ser descrita según los siguientes hechos e indicadores:
¿Qué ha pasado en estos últimos 15 años?
Problemas de Producción
- Descenso general de las capturas totales, a los niveles de la década de los 80, en relación a la cual la caída es de más del 50 % (FAO: de 600 mil toneladas en 2004, a 250 mil en 2014).
- Para los rubros emblemáticos, atún y sardina, los descensos son del orden del 69 % y del 80 % respectivamente.
- Contracción de la producción derivada de la pesca continental del orden del 42 %.
- Estancamiento de la producción derivada de la acuicultura, con tendencia a la reducción.
- Pérdida del 65% de la capacidad instalada para el cultivo del camarón (cierre de por lo menos 30 granjas camaroneras).
Políticas erróneas de subsidio y apoyo a la pesca
- Envejecimiento de la flota artesanal.
- Sector atunero con pérdida de las condiciones nacionales de descarga, no reconocimiento de los costos en divisas y competencia desfavorable con productos acabados importados. Reducción de 40% de la flota. Ausencia de la representación formal de Venezuela en las comisiones multilaterales de negociación de acuerdos pesqueros.
- Políticas de incentivo para la adquisición de unidades pesqueras de baja eficiencia.
- Desprofesionalización de la gente de mar: infraestructura y capacidad académicas desatendidas, relegadas y subutilizadas.
- Insuficiencia y obsolescencia de la flota científica de investigación pesquera.
- Incrementos de precios de rubros pesqueros, hasta en más de 5.000 %, a pesar de créditos preferenciales y subsidio a los insumos, combustibles y lubricantes.
Afectación en la provisión de alimentos y calidad nutricional de la población
- Caída de la oferta per cápita de sardina, con la consecuente disminución del consumo cultural per cápita, que desciende de 2,5 kg/año, a menos de 0,5 kg/año y descenso general del suministro por habitante, que pasó de 18,1 kg/año en 2001, a 7,0 kg/año en 2014.
- Disminución consiguiente de la ingesta de alimentos aportadores de nutrimentos esenciales para la salud de la población.
Regulaciones desacertadas sobre los recursos pesqueros y sus hábitats
- Uso de los recursos bajo regulaciones no avaladas con estudios biológico pesqueros recientes, o en ausencia total de tales estudios.
- Proliferación de embarcaciones arrastreras artesanales y redes “mandinga”, operando en ecosistemas costeros de alta vulnerabilidad.
- Ausencia de programas permanentes de seguimiento de variables de estatus poblacional de especies de interés pesquero y de sus hábitats.
- Ausencia de integración en el diseño y manejo de Áreas Marinas Protegidas y pesquerías asociadas.
- Ausencia de estudios y previsiones sobre el impacto del cambo climático sobre ecosistemas acuáticos, sus componentes biológicos, infraestructura costera y sus habitantes.
Impacto en lo social: empleo e ingreso familiar
- Debilidad e informalidad laboral del gremio de pescadores artesanales, compuesto por más de 40 mil personas.
- Pérdida de más de 20 mil empleos directos, con la eliminación de la pesca industrial de arrastre, medida que fue acompañada con pautas compensatorias improvisadas e insuficientes.
- Cierre de plantas enlatadoras: nivel de ociosidad cercano al 90 % en la capacidad instalada para el procesamiento de sardina.
¿Qué debemos hacer entonces?
En función de la realidad descrita y de los principios básicos que establece el Código FAO de Conducta para la Pesca Responsable, código este que nos compromete con la conservación de los ecosistemas acuáticos y de su diversidad; la prevención de la sobrepesca y/o la rehabilitación de poblaciones de especies objetivo; el uso de artes y aparejos y prácticas conformes; la transparencia en el diseño de regulaciones y toma de decisiones; la aplicación de enfoques precautelares de ordenamiento; la educación, entrenamiento y participación de los pescadores y resguardo de sus derechos, es necesario revisar la Ley vigente y adaptarla para el cumplimiento de la premisas anteriores, limitando, en primer lugar, su excesiva naturaleza reglamentaria y diseñándola para el fomento real sobre bases técnicas y para el desarrollo social coligado a las pesquerías y a los cultivos acuáticos.
Afortunadamente la ciencia y la tecnología y el criterio de nuestros científicos, acompañados de la experiencia acumulada por los pescadores en el desempeño de su oficio, ofrecen rutas claras para el desarrollo de la pesca para el largo plazo. Lo demás es disposición y voluntad, atributos estos con los que dichosamente también contamos y que ponemos a la orden de las comisiones legislativas llamadas a promover los cambios que den sustento legal y formal para:
DETENER Y REVERTIR LA CAÍDA SOSTENIDA DE LA PRODUCCIÓN; REMEDIAR LA MARGINALIDAD CRÓNICA DEL PESCADOR ARTESANAL; PONER EL MEJOR ALIMENTO AL ALCANCE DE AQUELLOS CON MAYORES CARENCIAS Y PROCURAR LA SOSTENIBILIDAD QUE DEBE SIGNAR EL USO DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS VIVOS.