Para un ambientalista escribir sobre la posición de Venezuela ante la Convención sobre Cambio Climático (CCC) y en particular sobre la pasada COP21 es un compromiso insoslayable. Ese compromiso se transforma en obligación cuando al fin aparece a la luz pública el documento oficial “Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático” (INDC, sus siglas en inglés) presentado por nuestro país, en París en la pasada conferencia de las partes. Sin que necesariamente sea un análisis técnico de la “posición oficial” en torno al tema, compartimos algunos puntos de vista, que ya teníamos previo a la cita de París.
Las representaciones de Venezuela en las conferencias de las partes del CCC en el pasado reciente centraron sus discursos y posturas en reclamar a los países desarrollados su deuda con el mundo, dada su responsabilidad histórica en cuanto a la generación de los gases del efecto invernadero (GEI) y al desequilibrio ambiental que causó. Los delegados del país y en su momento hasta el propio presidente, argumentaron con un verbo encendido que “los modelos de producción capitalistas son en última instancia el factor causal de esta debacle ambiental, y declararon que los acuerdos de la CCC fracasarían si los países no lograban efectivamente sustituir los modelos imperantes de producción económica, por nuevos paradigmas políticos y económicos”.
Sin negar algunos hechos fácticos en los anteriores argumentos, nos atrevemos a afirmar que no existen aún “lecciones aprendidas” de cómo lograr una migración hacia otras formas de producción que armonicen los principios ambientales con el desarrollo económico, ni en el mundo occidental, ni siquiera en los modelos económicos alternativos, léase socialismo o comunismo. Del pensamiento ambiental contemporáneo surgió durante los años ochenta, el paradigma del desarrollo sostenible. Según nuestro punto de vista este novel modelo aun permanece en sus fases iniciales de implementación. Se espera mucho de la pragmatización de ese modelo, y esperamos que los esfuerzos que se hacen en el mundo muestren pronto un camino claro hacia el soñado desarrollo económico ambientalmente concebido.
Consideramos que las propuestas y puntos de vistas de Venezuela tendrían un mayor impacto si nuestro desempeño ambiental como país energético fuera congruente con el discurso oficial. Sin duda la política ambiental del país en los últimos años ha sido ambigua y deficiente, y ha estado completamente desmarcada de otras políticas y planes gubernamentales, siendo una de sus metas más importante y antagónica “aumentar la producción petrolera nacional” a toda costa y sin mirar atrás. Lo que expone el documento INDC, que debiese contener el plan oficial de Venezuela para la lucha contra el cambio climático hasta el año 2050, no demuestra ningún elemento de acción que se desprenda de ningún plan económico, técnico o científico concebido para la adaptación & mitigación, conteniendo en su defecto, una serie de medidas coyunturales y de emergencia relacionadas con los sectores energía, agricultura y ambiente, que se estaría efectuado aun si no fuéramos parte de la CCC.
En nuestra opinión la “posición oficial” demuestra la larga distancia entre lo que se profesa ambientalmente en lo internacional, lo que estipula nuestra amplia estructura jurídica ambiental, y lo que verdaderamente ocurre internamente en materia de ambiente y cambio climático, sin dejar de mencionar el desmedro de lo que en otros tiempos fue la más importante institución ambiental gubernamental en Latinoamérica. Mencionaremos solo tres argumentos que sustentan esa ambigüedad: 1- El subsidio a los combustibles fósiles; 2- la inexplicable migración de la generación hidroeléctrica a termoeléctrica; y 3- la también inexplicable inversión en materia explotación y comercialización de carbón mineral. Sin duda esas políticas e inversiones marcan la verdadera visión ambiental del país, desarrollada por el actual gobierno. Nuestra realidad como país productor de hidrocarburos e importante generador de GEI es que el 80 % de las emisiones provienen de las empresas públicas de energía (PDVSA, Corpoelec). Es necesario explicar que nuestros yacimientos petrolíferos están asociados a gas natural y metano, por lo tanto, el denominado “gas de venteo” y la quema de parte de ese gas en “mechurrios” ha sido históricamente una fuente importante de emisiones de GEI.
En términos comparativos para el 2013, Venezuela con el 0,004 % de la población mundial, producía el 0,8 % de los GEI. Para constatar el real significado de esas cifras, la generación nacional de GEI per capita se ubica entre las primeras de Sudamérica, junto a países como Argentina y Brasil, que tienen poblaciones mayores y economías más desarrolladas. Un argumento atenuante que pudo señalar Venezuela es que nuestra producción petrolera es para beneficio mundial, es decir, que nuestra responsabilidad histórica como país generador de GEI debiese ser compartida con los países consumidores de nuestro petróleo, quienes podrían mediante algún mecanismo supranacional financiar los pendientes procesos de adaptación y mitigación al cambio climático, y por qué no, la adecuación tecnológica y ambiental de la industria petrolera que quedó pendiente desde los años noventa.
¿Qué matriz de opinión generaría Venezuela como país petrolero, si mostrara algún signo de armonía con las acciones globales en respuesta al cambio climático y el proceso mundial de migración a las energías limpias? Mensajes como el irrisorio costo de la gasolina, al que podría adicionársele un “impuesto ambiental” que financie al menos el desarrollo del programa de respuesta al cambio climático, es prueba de la incongruencia gubernamental con la nueva realidad climática global. Es inexorable la realidad económica que sufrirá a mediano y largo plazo la producción petrolera mundial cuando se termine de instalar y diversificar las nuevas fuentes de energías limpias. Fue claro hace décadas que PDVSA inició lo que se pudo interpretar como la migración del país como productor de crudos a la producción de gas natural. El uso del gas natural, aunque igual generador de GEI, es comparativamente “más limpio” ambientalmente que el petróleo y mucho más que el carbón mineral.
Esa migración lamentablemente se detuvo a pesar de las grandes inversiones realizadas, sin que se hayan dado argumentos precisos de tal lamentable retraso de más de una década en lo planes inicialmente concebidos.
Otro aspecto incongruente de las políticas nacionales con la realidad mundial de las energías limpias, es que los principales países que explotan o queman carbón mineral iniciaron hace mucho tiempo la sustitución de esa fuente de energía por otras más limpias, como el gas natural. De espaldas a esa realidad Venezuela continúa haciendo fuertes inversiones en su industria carbonífera, y este sector promete entre sus metas próximas superar la producción de 10 millones de toneladas al año. Consideramos que una dirección correcta sería que Venezuela comenzara a mostrar su intención de adecuar al país hacia el nuevo paradigma energético mundial basado en las energías limpias, renovables y abundantes.
Por ejemplo sería una señal positiva y honesta que una parte de los fondos generados por el negocio petrolero fuesen invertidos en el retrasado desarrollo gasífero, o al desarrollo científico y tecnológico de las opciones de energías limpias que mejor se adaptan a las realidades del país, y no continuar mostrando la acostumbrada y triste “decidia oficial” que hoy observamos en el parque eólico de la península de Paraguaná y La Guajira.
Otro ejemplo sería rescatar la capacidad de generación hidroeléctrica que tuvo Venezuela en el pasado reciente, y colocarlo como la verdadera bandera de adaptación al cambio climático, a la par de comenzar una migración de la “megageneración” a la “microgeneración”, de carácter regional y descentralizada. Es oportuno informar que los estudios de factibilidad del potencial de generación hidroeléctrica se efectuaron hace años atrás.
Otro claro ejemplo de la realidad ambiental en nuestro país es ver como la generación termoeléctrica sustituyó a la deficiencia por falta de mantenimiento e inversiones de la generación hidroeléctrica, hecho ocurrido durante una emergencia paradójicamente climática y lo peor, la generación termoeléctrica fue establecida como solución a mediano y largo plazo. Las inversiones en la generación hidroeléctrica con retrasos que superan el decenio, sin duda dejaron de ser prioritaria, lo que da cuenta del real compromiso gubernamental en la lucha contra el cambio climático. Raya también en lo ridículo el programa de sustitución de los bombillos ahorradores, que aunque efectivamente redujo en alguna cantidad la energía por hora requerida para su funcionamiento, no menciona otro importante problema ambiental asociado con la disposición de sus desechos peligrosos, lo que demuestra improvisación.
En resumen, el documento INDC de Venezuela confirma las dudas sobre el papel exiguo que jugó Venezuela en la pasada COP21 de París. La posición oficial desdijo el “quinto objetivo histórico” planteado en el resonado Plan de la Patria: “Sumar esfuerzos para un movimiento mundial para contener las causas y revertir los efectos del cambio climático que ocurre como consecuencia del modelo capitalista”, unido al llamado a que Venezuela lidere ese proceso. Tampoco en el mencionado documento INDC, no se expuso la justificación del retraso en cuatro “comunicaciones nacionales” sobre el cambio climático, sin contrastamos con el promedio de los países desarrollados, o tres comparado con el promedio de las naciones en vías de desarrollo, lo que ratifica la real importancia que otorga el actual gobierno a un tema tan crucial como lo es la lucha contra las causas y consecuencias del cambio climático antropocéntrico.
Rafael Rodríguez-Altamiranda
Venezolano y profesor universitario